Thursday 23 de March de 2017

A fondo por la seguridad

     3 Feb 2011 04:00:00

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He decidido cambiar el tema de mi colaboración para esta semana. Inicio este artículo a las 11:24 de la noche del martes 1 de febrero. Hace casi 3 horas tuvo lugar una balacera en Guadalupe, el municipio donde yo he vivido desde que nací. Desde ese momento hasta ahora han fluido todo tipo de rumores, descalificaciones, adjetivos y condenas a través de las redes sociales.


Quienes hablan con ligereza no dimensionan el tamaño de su irresponsabilidad; de su contribución a la psicosis.
Leo que algunos compañeros diputados encabezan un linchamiento político contra el gobierno estatal; y que urgen a una comparecencia del Secretario de Seguridad Pública de la entidad. Creo que la comparecencia se tiene que dar, y discutir el Programa Estatal de Seguridad Pública, pero que no existe autoridad moral para el linchamiento.
Aquellos diputados que ocuparon posiciones directivas en el pasado dejaron tras su paso por el gobierno un legado repugnante; la mitad de los policías estatales en Zacatecas que en Aguascalientes, cuando tenemos un territorio 14 veces mayor. Además, en promedio, ganando la mitad del salario que sus homólogos hidrocálidos (El Diario NTR / 16 de noviembre de 2010).
Por otra parte, un diputado local en Zacatecas percibe más de 20 veces lo que un policía estatal, en promedio (Imagen / 5 de enero del 2011). En Estados Unidos, la proporción entre ambos funcionarios públicos no llega a ser del doble del salario.
Además, los legisladores locales tenemos cuando menos dos iniciativas pendientes en materia de seguridad: la ley contra la delincuencia organizada, presentada en septiembre pasado, y la del sistema estatal de seguridad pública, que se leyó el martes. ¿No sería más provechoso que convocáramos a un periodo extraordinario para discutir dichas propuestas?
La semana pasada, la señora Isabel Miranda de Wallace envió sendas cartas a los titulares de los Poderes de Zacatecas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), advirtiendo sobre la peligrosa “Chihuahuanización” que podría vivir nuestra entidad. En el 2008, adoptamos el mismo Código Procesal Penal que Chihuahua y que ha acentuado la impunidad en aquél estado; uno híper-garantista que nos ha dejado una herencia de 99% de denuncias sin sentencia.
¿No serviríamos más los legisladores discutiendo esos temas que lanzando dardos a otros lugares? ¿No fuimos electos para resolver problemas? ¿O sólo para señalar a otros por no hacerlo?
Con esto, no quiero exculpar de nada al gobierno estatal. Miguel Alonso Reyes, nuestro gobernador, debe de fijar su propia posición al respecto; evaluar cómo evitar que este episodio se convierta en el inicio de una calamidad y explicar a los zacatecanos cómo y en qué plazos va a trabajar para devolver la seguridad al estado.
En cuanto al viaje a Japón, creo que esa es una situación que merece un análisis aparte.
Si el viaje es infructuoso, y no sirve para aterrizar ninguna inversión a Zacatecas, habrá sido un error ir a Japón. Y habrá sido un error, con o sin balacera.
Si en cambio, el viaje redunda en beneficios concretos para el estado, en términos de empleo y oportunidades de desarrollo, habrá valido la pena. Miguel Alonso difícilmente podría haber evitado los lamentables sucesos que hoy vivimos, pero si obtiene inversiones para nuestro estado, éstas tendrán un impacto en nuestra seguridad en el largo plazo.
Volviendo al enfoque con el que inicié esta entrega, insisto en que teniendo tanto rezago legislativo, me parece una irresponsabilidad apuntar culpas a otros lados. Y esa lógica debe aplicar para todos los mexicanos y zacatecanos preocupados por la violencia que se vive.
En México, hemos dejado crecer la impunidad de forma pasmosa. ¿Cómo podemos exigir que los gobiernos que llegan al poder comprando votos enfrenten a la delincuencia organizada? ¿Tendremos gobiernos ilegales buscando restaurar la legalidad?
En cuanto a nuestra vida social y privada, debemos preguntarnos:
¿Cuántos de nosotros contribuimos a la violencia con el consumo ilegal de drogas?, ¿cuántos de los lugares nocturnos a los que asistimos, sabemos que están relacionados con el crimen organizado?
¿Cuál es el compromiso con la legalidad que demostramos en nuestra vida profesional?, ¿cuántos contratos para construcción se obtienen sobornando funcionarios?, ¿cuántos permisos para desarrollar viviendas se siguen entregando sin cumplir los requisitos legales?, ¿cuántos criminales se benefician de la evasión fiscal que propicia la economía informal para el lavado de dinero?
¿Consumimos piratería o cualquier mercancía que esté ligada a las redes de la delincuencia organizada?, ¿a cuántos narco-menudistas conocemos y a cuántos hemos denunciado?
Pero, sobre todo, ¿Debemos poner el enfoque en la “guerra contra la inseguridad” o en el sometimiento de todos a la ley?, ¿debemos de “luchar contra los delincuentes” o mejor pelear a favor de la legalidad?
Parece que ambos enfoques son la misma cosa, pero parten de premisas completamente distintas:
En uno, el motor para actuar es el miedo, y los responsables de restaurar la seguridad y la legalidad son otros (el Ejército, los policías, el presidente, los gobernadores, los alcaldes)
En el otro, el motor para actuar es la convicción y una visión de cambio colectivo, en la que los responsables somos todos (tú, tus hermanos, tus primos, tus hijos, tus vecinos y, por supuesto, tus representantes en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial)
Para que tú, estimado lector, comprendas a lo que me refiero:
En el primer grupo están los diputados histéricos que llaman al gobernador a hacer algo; están los que responsabilizan al PRI o responsabilizaron en su momento al PRD del problema; están los que quieren que se difunda el contenido de las narco-mantas (algo que sólo beneficia al crimen organizado).
En el segundo grupo, están y han estado personas e instituciones como Marisela Escobedo (la activista chihuahuense que fue asesinada por perseguir al asesino de su hija), Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, Samuel González Ruiz, Edgardo Buscaglia y el Programa de Naciones para el Desarrollo.
¿Cuál visión va a servirnos para enfrentar el problema?
Son las 00:11 del miércoles 2 de febrero.
*Diputado local
jorge.alvarez.maynez@gmail.com




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