Tuesday 24 de January de 2017

Advierten riesgo de revictimización por mostrar detenidos en medios

     18 Jul 2012 22:21:00

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MÉXICO, DF.- La presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación por parte de las autoridades judiciales es una práctica violatoria de los derechos humanos, e incluso de autoincriminación, consideró Mario Patrón, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

De acuerdo con el especialista este tipo de prácticas no son sólo violatorias de los derechos, sino que además pueden significar un riesgo de “revictimización”, pues al exponer ante los medios la descripción de los hechos por parte de los delincuentes se puede exponer la dignidad de las víctimas.

Cuestionado sobre la presentación de los presuntos responsables del asalto y violación contra campistas en Chalco, Patrón Sánchez aclaró que no es competencia de la CDHDF hablar sobre este caso, pero que en general este tipo de prácticas son violatorias de los derechos humanos y no dan mayor certeza a las víctimas.

En ese sentido, consideró que la mejor forma de garantizar el derecho al debido proceso es que se haga a través de un juicio en las instancias formales con peso para la dictaminación de condenas y no en los medios de comunicación.

La mejor forma de mantener informada a la ciudadanía sobre este tipo de casos es dar seguimiento a los procesos, pero que se hagan públicos a los medios de comunicación hasta que se dicte una sentencia, dijo el visitador del organismo defensor de los derechos humanos.

Mencionó que tan sólo en el Distrito Federal se han dado casos en los que se presenta a los presuntos delincuentes y a la postre las instancias judiciales no tienen la solidez suficiente sobre las investigaciones por lo que terminan liberándolos, por lo que, apuntó, antes de hacer cualquier tipo de presentación, las procuradurías deben montar acusaciones sólidas.

Aclaró que la posición de la CDHDF frente a la presentación de los delincuentes a los medios de comunicación no implica que se dejen de atender los derechos de las víctimas, pero lo mejor sería que las procuradurías, a través de las investigaciones y juicios correspondientes, logren condenas contra los responsables.




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