Thursday 23 de March de 2017

Ante falta de consenso, TEPJF deja sin resolver juicio por segunda vez

     28 Nov 2012 21:56:01

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MÉXICO, DF.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó un proyecto del magistrado Flavio Galván Rivera y lo retornó a otro magistrado, pues no se encontró la manera de restituir los derechos políticos-electorales de un regidor.

En el caso de René Rosendo Larios, regidor de Tlapa de Comonfort, Guerrero, los magistrados no pudieron acordar la mejor forma de reparar la injusticia cometida, luego de que, con apenas unos meses en el cargo, fue encarcelado por supuesto narcotráfico, para al final ser absuelto al no comprobársele el delito.

Durante el periodo en que permaneció preso, sus derechos políticos-electorales le fueron suspendidos, no pudo ejercer el cargo para el que había sido electo, y en su lugar se llamó al suplente, pero una vez que fue absuelto quiso volver a su puesto y demandó que se le cubrieran los salarios que dejó de percibir.

Ahí fue donde los magistrados del TEPJF no encontraron la manera de resolver el asunto, ya que unos consideraron que tenía derecho al pago, otros que sólo el correspondiente al plazo en que recobró su libertad y pidió su reincorporación al cabildo, lo que además no se dio porque en el proceso terminó el periodo para el que fue electo.

Los múltiples problemas derivados del asunto volvieron insoluble el caso, no obstante el largo debate que se produjo en la sesión, tanto que al final los magistrados optaron por retornarlo a otro magistrado a fin de que se presente un nuevo proyecto de resolución.

En otro asunto, la Sala Superior del tribunal revocó el Código de Ética para Militantes del Partido Acción Nacional (PAN), elaborado por la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional, con el señalamiento de que ese órgano excedió sus facultades estatutarias al emitir el documento.

El Código de Ética, tal como se emitió, hace las veces de reglamento, con base en el cual es posible sancionar a los militantes, por lo que su elaboración debió sujetarse al procedimiento establecido para la creación de una norma intrapartidaria, lo que significa que su emisión es facultad del Comité Ejecutivo Nacional y no de una comisión.

Por ello declararon fundados los agravios del militante que impugnó el contenido del documento y su publicación en el sitio de Internet como si se tratase de un reglamento, así como de la omisión de proponer a los órganos partidistas determinado programa de trabajo derivado del contenido del citado Código.

En la sentencia se indica que el Código de Ética no es un simple documento, sino que se pretende constituirlo como un reglamento, cuya observancia es obligatoria, pues existe la posibilidad de sancionar a los militantes del blanquiazul que no observen sus disposiciones.

En consecuencia, ordenó al partido político eliminar dicho documento de su sitio en Internet, pero lo dejó en libertad de aprobarlo si así lo juzga conveniente en los términos que considere pertinentes y a través en los cauces legales establecidos en su normativa interna.

En caso de que esto ocurra, el blanquiazul deberá comunicarlo al Instituto Federal Electoral en términos de lo previsto en el Artículo 47, párrafo cuarto, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En otro asunto, la Sala Superior confirmó la legalidad del acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por el que se propuso una terna al Congreso local para designar nuevo magistrado numerario.

Este nuevo integrante de la Sala de Segunda Instancia de ese órgano jurisdiccional llegará en sustitución del magistrado José de Jesús Rodríguez Martínez.

El pleno desestimó los agravios formulados por Carmen Juana Silva Hernández, quien en su carácter de magistrada supernumeraria fue convocada para cubrir únicamente la ausencia temporal de Rodríguez Martínez.

El proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Constancio Carrasco Daza concluyó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí no estaba obligado a convocar a la promovente para integrar la Sala de Segunda Instancia, ante la ausencia definitiva del magistrado numerario.

Otro caso resuelto por unanimidad fue el de la confirmación de la sanción impuesta por el Consejo General del IFE al Partido Revolucionario Institucional por la omisión de reportar, en su informe de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2011, la aportación en especie realizada por el boxeador Juan Manuel Márquez.

Los integrantes de la Sala Superior declararon infundados los agravios formulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien controvirtió la resolución del CGIFE, con el argumento de que la autoridad responsable no realizó el estudio de fondo de las posibles infracciones derivadas de los hechos denunciados.

Durante la sesión pública se resolvieron cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tres recursos de apelación y dos recursos de reconsideración, lo que hace un total de nueve medios de impugnación. Además se aprobaron dos jurisprudencias y una tesis.
 




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