Monday 23 de January de 2017

Apelan indocumentados a discreción procesal contra deportación

     7 May 2012 17:30:14

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WASHINGTON.- Madres, jóvenes y activistas en proceso de deportación urgieron hoy al gobierno del presidente Barack Obama a fin de que acelere alivios a sus casos bajo una discreción procesal que les permita trabajar y vivir legamente en Estados Unidos.   “No soy un criminal, no soy un peligro para otra gente, lo que quiero es lo mejor para mi familia”, dijo el joven mexicano Juan Chegala, acompañado por su madre, Josefa Silverio, en una conferencia de prensa frente al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Washington.   Su abogada, Sheena Wadhawan, expresó su esperanza de que el ICE acepte su petición porque entraría entre los casos de baja prioridad que incluyen a personas sin antecedentes penales y padres de familia con hijos nacidos en Estados Unidos, entre otros.   A la conferencia asistieron familias inmigrantes, acompañadas de niños, que pidieron a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que suspenda sus casos de deportación.   Todos ellos portaban letreros que decían: “Justicia para todos”, “No más abusos” y “Respeto".   “No quiero volver a separarme de mis hijos”, dijo entre lágrimas la guatemalteca Elvia Lizzette de la Cruz, quien señaló que es víctima de violencia doméstica y que ingresó ilegalmente al país para reunirse con sus cuatro hijos.   La activista salvadoreña Juana Miranda, a quien recientemente el ICE le concedió permanecer en el país bajo la discreción procesal, dijo que muchos inmigrantes indígenas indocumentados sufren discriminación en las cárceles del país.   “No más deportaciones ni separación de las familias”, afirmó.   “No soy un criminal, soy un buen hombre, un buen padre”, dijo el inmigrante Elmer Zedíos, quien tiene una hija de 4 meses que fue operada recientemente por una enfermedad del hígado.   El director de la organización comunitaria Casa de Maryland, Gustavo Torres, señaló que la secretaria Napolitano “nos ha fallado en proteger a nuestras familias”.   El dirigente evitó comentar sobre las consecuencias políticas del disfuncional sistema de inmigración y la cifra récord de deportaciones este año electoral, al afirmar que el impacto político “se verá más adelante” y que el enfoque ahora es mantenerse unidos.   El ICE indicó en un comunicado que el 9 por ciento de unos 300 mil casos bajo la política de discreción procesal reúnen los requisitos para su aprobación, pero los activistas indicaron que la entidad ha aprobado el cierre administrativo menos del 1.5 por ciento del total.   En una teleconferencia este lunes, la activista de Nueva Orleáns, en Luisiana, Jacinta González, dijo que este martes cuatro trabajadores en proceso de deportación defenderán ante un juez de inmigración no solo sus casos sino de otros colegas en situaciones similares.   “Esta es la oportunidad del ICE para demostrar que actualmente respetan los derechos civiles y que están listos para instrumentar la política de discreción procesal”, afirmó.  


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