Monday 23 de January de 2017

Aprueban diputados en comisión acotar fuero constitucional

     27 Feb 2013 19:19:39

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MÉXICO, DF.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 24 votos en favor y uno en contra, en lo general, la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución, en relación con la figura del fuero constitucional.

En el documento aprobado por los representantes populares se elimina del Artículo 61 el término fuero constitucional sobre legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejeros de la Judicatura Federal.

Además de los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los procuradores generales de la República y de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).

Las reformas a dicho precepto constitucional cambian el término "fuero constitucional por el de inmunidad parlamentaria", entendida como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar su función.

En el texto los legisladores un abuso de la figura del fuero entendida como inmunidad absoluta y que ha derivado en varios cuestionamientos de diversos sectores sociales.

A través de modificaciones al Artículo 111 constitucional, se establece que los servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

Indicaron que cuando exista la comisión o probable participación en algún hecho que la ley señale como delito por algún servidor público, y una vez que se ejerza la acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez determinará si procede dictar el auto de vinculación a proceso penal.

Además, durante dicho proceso el servidor público podrá seguir en su cargo, por lo que las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

Sin embargo, aclararon que cuando el juez dicte sentencia condenatoria y haya causado ejecutoria él mismo solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales precisaron que la cámara baja no producirá dictamen previo alguno y resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes sobre el pedimento judicial dentro de los 10 días hábiles a partir de la presentación de retiro de inmunidad y con audiencia del servidor.

Mencionaron que el Presidente de la República goza de la misma norma y procedimiento, pero los diputados fungirán como cámara de origen para resolver el pedido judicial y el Senado será el órgano revisor.

La cámara alta deberá adoptar su decisión dentro de 10 días hábiles a partir de que hubiera recibido el proyecto de retiro de la inmunidad de parte de la Cámara de Diputados.

Para que el Senado apruebe el retiro de la inmunidad y la separación del cargo será necesaria una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

Con las reformas se estableció que las declaraciones y resoluciones de las cámaras del Congreso son inatacables, y no procederá ninguna suspensión judicial o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que se vote el retiro de la inmunidad.

Indicaron que en el Artículo 112 se precisa que cuando alguno de los servidores públicos hubiera sido sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, y una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no gozará de inmunidad.

Se establece en el Artículo 114 que la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

En los artículos transitorios se argumenta que los servidores públicos podrán intervenir por escrito y ser representados por su defensor en la indagatoria, así como en todas las etapas y actos del procedimiento, debiendo preverse la conducente en las legislaciones del ámbito federal y estatal.

Por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PR)I, el diputado Héctor García García dijo que el retiro del fuero a los legisladores es una muestra de modernidad y de la seguridad de que en materia de justicia todos somos iguales.

A su vez, Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que la propuesta da respuesta el escenario de igualdad que exige el ciudadano frente al desgastado modelo de representación popular el cual, reconoció, sufre una crisis de credibilidad.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Zárate Salgado aseguró que con la reforma se avanza en la igualdad de derechos y en la obligación de los servidores públicos en desempeñar mucho mejor sus funciones.

En su intervención, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), criticó la falta de inclusión de los grupos parlamentarios minoritarios en la elaboración de los acuerdos, como es el caso del dictamen, a los cuales, dijo, tienen derecho de aportar ideas.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el dictamen lejos de generar un contrapeso entre los poderes, propicia un desequilibrio del Legislativo frente al Ejecutivo y Judicial.

A su vez, Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, consideró que es necesario contar con una concepción clara de lo que es el fuero, ya que este no defiende al sujeto, sino a la institución y al equilibrio de poderes.
 




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