Tuesday 24 de January de 2017

Aprueban diputados en lo general la Ley de Amparo

     12 Feb 2013 13:45:51

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MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 434 votos a favor, seis abstenciones y 18 votos en contra, la nueva Ley de Amparo, luego de que las diferentes fuerzas políticas expusieron sus posicionamientos.   Al detallar las reservas que se discutirán en lo particular, principalmente a las fracciones I, XI y XIII del artículo 129 de esta legislación, se aprobó por mayoría la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   De esta manera se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.   Al fijar su posicionamiento, por el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado José Arturo Salinas Garza, dijo que su bancada votará a favor de esta propuesta de dictamen, pues reconoció que la vida de México ha cambiado y se viven realidades inéditas por lo que se debe cambiar paradigmas para adaptar al amparo a las necesidades del México actual.   Para ello se dio origen a una reforma constitucional aprobada el 6 de junio de 2011 y la necesidad de crear una nueva Ley de Amparo amplia la protección de los ciudadanos frente a la autoridad y agiliza la tramitación y garantiza el acceso democrático a la justicia.   Propuso adicionar la fracción primera del artículos 129 la palabra casino, y el PAN quiere puntualizar que los establecimientos de juegos con apuestas y sorteos no sean considerados también como una actividad donde se pueda conceder la suspensión.   Informó que se pide la modificación de las fracciones XI y XIII del mismo artículo 129, que tiene que ver con entidades financiera y concesiones, con el fin de que se otorgue la suspensión en algunos casos para evitar que si registre un procedimiento haya actos consumados y sobre todo que el poder arbitrario del Estado regrese.   Esta nueva Ley de Amparo beneficia a los ciudadanos que no pueden pagar un abogado al aplicar de manera universal una resolución que declara inconstitucional una norma, y asegura que la única garantía que tienen los mexicanos frente a la autoridad se ejerza de manera correcta.   Con esta ley se modernizan las instituciones de México al permitir la tramitación electrónica del juicio de amparo y la digitalización de todos los expedientes para garantizar mayor transparencia y prontitud en el acceso a la justicia.   Además esta nueva ley de amparo le quita a los delincuentes la posibilidad de defenderse contra el Estado, pues no podrán obtener suspensiones cuando el Estado vaya en contra de sus bienes, y otorga a los ciudadanos el doble de tiempo para presentar sus juicios y defenderse con mayor oportunidad.   Por parte del PRI, la diputada federal Cristina González Cruz comentó que el dictamen está inmerso en el nuevo rumbo del sistema jurídico, donde se replantea el lenguaje técnico para hacerlo claro y expedito y se garantiza la ampliación de los derechos humanos.   Al afirmar que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votará a favor del dictamen, y destacó que la modificación propuesta es resultado de la modernización de la Constitución Política Mexicana.   Así como de la ampliación de los derechos fundamentales, y de un nuevo sistema de justicia penal en desarrollo y del fortalecimiento de un poder judicial sólido, efecto y apto, del diálogo constante y la apertura entre las diversas fuerzas políticas.   Al fijar la postura del PRD, el diputado Alejandro Carbajal González, destacó que la reforma que da origen a la nueva Ley de Amparo, su partido está de acuerdo en lo general porque introduce temas que pone en serias limitaciones a la posible arbitrariedad gubernamental en contra de los particulares.   Destacó para ello se resalta el tema de los derechos humanos para armonizarlo con el artículo primero constitucional, y la inclusión de las llamadas acciones colectivas, lo que representa una posición de vanguardia del congreso mexicano.   Sin embargo, señaló que también contiene temas preocupantes como lo señala el artículo 129 en su fracción XIII, que refiere al artículo 27 constitucional que contempla los bienes públicos.   Dijo que de aprobarse como está ninguna mexicano será beneficiado con la suspensión del acto reclamado si demanda por ejemplo la suspensión de concesiones para explotar recursos minerales como han sido los casos de San Javier y violenta los derechos humanos.   Consideró que los ciudadanos del país necesitan certeza jurídica para poder iniciar con confianza cualquier actividad económica, política y profesional, o de cualquier naturaleza.   Dicha certeza, dijo, solo la otorgan leyes generales imparciales, objetivas y en especial la Ley de Amparo debe de reunir esas características, porque es a encargada de limitar las arbitrariedades del Estado en contra de particulares.   Por ello propuso la supresión de dicha fracción del artículo 129, y reiteró que al hacer esta precisión y de tomarse en cuenta por el pleno su propuesta se votará en lo general dicho dictamen, porque el PRD quiere contribuir a que México cuente con leyes de avanzada.   En su oportunidad, el diputado del PVEM, Antonio Cuellar Steffan, refirió que la reforma constitucional aprobada en junio de 2011 y la interpretación jurídica que desde entonces ha tenido lugar ante la falta de un marco jurídico adecuado.   Destacó que el dictamen incluye mecanismos accesibles para el juzgador que le permitirán resolver oportunamente los juicios de amparo que se le presenten.   Señaló la obligación constitucional de discutir y votar la Ley de Amparo para resolver los problemas que derivan de la vida cotidiana y las necesidades de la sociedad.   Aseguró que el PVEM festeja el presente dictamen que tiene por objeto actualizar a la figura del amparo y adecuarlo a las necesidades actuales.   Al fijar su postura el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, explicó el objetivo de la moción suspensiva, y anunció que votará en contra este dictamen, porque este dictamen fue apresurado y por lo mismo lesiona los derechos de los grupos indígenas, principalmente.   Explicó que MC votará en contra, no obstante que el dictamen propone algunos avances, pero también suprime algunas figuras y para argumentar lo dicho reservaran 13 artículos, pues consideró que para dictaminar la reforma se omitió escuchar diversas voces que hubieran enriquecido el proyecto.   También anunció que se reservarán el artículo 129, en particular la fracción XIII relacionada con los bienes de dominio directo contemplados en el artículo 27 constitucional y puntualizó que la pugna es el control estatal frente a los intereses económicos.   Refirió que la figura del amparo ha sido referente de la ciencia jurídica para la protección de los derechos fundamentales y ha estado vigente desde 1847.   En representación del Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar Gil señaló que su partido votará a favor del dictamen en lo general, pero advirtió que presentarán reservas sobre aspectos técnicos de la figura de amparo.   Explicó que el objeto de la protección del juicio de amparo se amplía a los derechos ciudadanos así como el concepto de actos de autoridad, permitiendo proteger también a aquellos que tengan un interés legítimo y no sólo jurídico.   Igualmente, agregó, la facultad de atracción de la SCJN sobre aquellos casos que el Poder Legislativo o Ejecutivo soliciten   Por el Partido Nueva Alianza (PANAL), Luis Antonio González Roldán, dijo que en la actualidad el amparo se ha pervertido, protegiendo a los particulares como lo muestran los casos de los casinos y la sobreexplotación de mantos acuíferos, en tal virtud se pronuncia por replantear sus alcances sin violentar su legalidad.   Destacó que votarán en favor del dictamen en lo general, toda vez que es un compromiso con la ciudadanía y refirió que el dictamen fortalece las facultades de la SCJN como garante de la justica imparcial; y, protege y fortalece los derechos humanos.                    


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