Monday 16 de January de 2017

Asoma la mano dura

El proyecto de ley dice que no procederá la acción militar cuando las protestas civiles tengan como origen asuntos laborales, políticos, electorales o sociales

     27 Apr 2011 04:00:00

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Asegura gente proclive al gobierno de Felipe Calderón, que si el Ejército ya lleva cuatro años en las calles, hay que regularizar esa ilícita situación, mediante reformas para que sus labores policiacas y de persecución criminal queden dentro del marco legal; es decir, legalizar lo que hoy es inconstitucional.
Por disposición de su comandante supremo, el Ejército, y más recientemente la Armada de México, salieron de los cuarteles para entablar la guerra que “por sus pistolas” declaró Felipe Calderón Hinojosa a los cárteles del crimen organizado, en clara violación a la Constitución, que expresamente impide que en tiempos de paz el Ejército allane domicilios, detenga personas o establezca retenes.
Señala el artículo 29 constitucional que la suspensión de garantías individuales únicamente puede decretarse en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y será únicamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, quien podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.
Ante la eventual aprobación de una Ley Nacional de Seguridad Pública, que daría al Poder Ejecutivo más prerrogativas para la acción militar en casos que considerara pertinentes, cabe preguntar cuál será el comportamiento de las fuerzas armadas nacionales, si ya se ha visto la impunidad con la que ahora transgreden la Constitución y otras leyes de ella derivada.
Como se sabe, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Ejército es la institución más acusada de violaciones a los derechos humanos, por lo que cabría esperar que, ampliadas sus facultades para intervenir en asuntos policiacos, sus operativos, ya sin limitantes legales, aumenten en número y gravedad.
Otro aspecto negativo de la posible aprobación de la Ley de Seguridad Pública, como la quieren los partidos Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, es la facultad que se concede a las fuerzas armadas para intervenir en la extinción de protestas y movilizaciones sociales.
El proyecto de ley dice que no procederá la acción militar cuando las protestas civiles tengan como origen asuntos laborales, políticos, electorales o sociales, pero abre las puertas de los cuarteles cuando señala como excepción que las acciones derivadas de las protestas constituyan un “desafío” o “amenaza”, a la seguridad interior.
La experiencia nos dice que si hoy, con claras limitaciones constitucionales el Ejército y la Armada, bajo las órdenes presidenciales contravienen la legalidad y atropellan derechos civiles y humanos, con mayores atribuciones legales simplemente se convertirán en órganos de represión social.

*Periodista




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