Monday 16 de January de 2017

Aumenta a 183 la cifra de muertos en San Fernando, Tamaulipas, informa la PGR

     26 Apr 2011 21:39:39

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CIUDAD DE MÉXICO.- La procuradora general de la República, Marisela Morales, dio a conocer que aumentó de 176 a 183 el número de muertos enterrados de forma clandestina en San Fernando, Tamaulipas, al tiempo que se hallaron cuatro fosas más, con lo que ya suman 40.

En conferencia de prensa sostuvo que ya hay 74 personas vinculadas, entre quienes destacan 17 policías municipales que ya están bajo arraigo para determinar el nivel de su responsabilidad y quienes han sido detenidos por personal de la secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública.

Acompañada por el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré Romero, refirió que desde el 2 de abril la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación y existe una colaboración estrecha con la procuraduría de Tamaulipas.

Recordó que hasta el momento se han entregado a sus familiares los cuerpos de dos personas que fueron identificados, y que otros 120 serán trasladados al Distrito Federal en espera de su identificación y de los resultados de dictámenes periciales.

Asimismo confirmó que fueron detenidos Sarahí Fabiola Díaz Arroyo, La Muñeca, por quien se ofrecían 5 millones de pesos, y Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo, cuya recompensa era de 15 millones de pesos.

Morales Ibáñez abundó que también han sido identificados como líderes de células delictivas de Los Zetas Esbi Leonel Batres Hernández, alias El Gato, y Johnni Torres Andrade, alias La Sombra, quienes operaban en Tamaulipas.

Las 74 personas detenidas y arraigadas están sujetas a investigación por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación a las leyes de inhumación y exhumación de cuerpos y federal de armas de fuego y explosivos, así como lo que resulte.

La funcionaria explicó que la PGR trabaja en diversos estudios para la identificación de los 181 cuerpos cuya identidad se desconoce; entre esas acciones se han tomado muestras de ADN y se han recabado documentos que contienen huellas dactilares de las víctimas.

Abundó que personal de la PGR también ha atendido de manera permanente a familiares de las víctimas desaparecidas, a quienes además se les ha proporcionado atención psicológica y en algunos casos médica.

Entre otras detenciones recientes en la entidad se destaca:
El aseguramiento de Jesús Agapito Treviño Pérez, alias “El Diablo”, el pasado 2 de abril por parte de la Policía Federal. Este, un presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al plagio de personas.

La detención, también por elementos de la Policía Federal, de Gustavo Arteaga Zaleta, alias “El 85”, el pasado 4 de marzo en Tampico.

Arteaga es considerado presunto lugarteniente de la localidad de El Ébano, San Luis Potosí, para la organización criminal del Golfo y es ex policía municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas. Se le vincula además con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, así como tráfico de armas y de droga.    

Segundo, a partir de los recientes hechos en el municipio de San Fernando, el Gobierno Federal ha incrementando el despliegue de Fuerzas Federales, mismas que se mantendrán ahí hasta detener a todos los involucrados y restablecer las condiciones de seguridad en la zona, para lo cual es indispensable que los gobiernos estatal y municipales aceleren la depuración y certificación de sus mandos.

De acuerdo con información pública en manos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de febrero de 2011 Tamaulipas había evaluado con controles de confianza a menos del 25 por ciento del personal estatal de seguridad pública y procuración de justicia, tanto mandos como operativos, así como personal de gabinete.

Asimismo, el Gobierno Federal mantiene un operativo permanente en las carreteras de esta región del país; se continúa con la explotación de información de inteligencia para realizar operaciones específicas contra la delincuencia organizada; y se han redoblado los patrullajes y las revisiones en puestos de control por parte del Ejército mexicano y la Policía Federal, así como el considerable incremento de las operaciones en las costas de Tamaulipas por parte de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Tercero, desde el inicio de esta Administración se apoya con recursos federales al gobierno de Tamaulipas, así como a 10 de sus municipios, conforme a las reglas del subsidio a la seguridad municipal, para que los tamaulipecos cuenten con policías y ministerios públicos certificados, profesionalizados y equipados.

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Gobierno Federal ha entregado al gobierno estatal casi mil millones de pesos de 2008 a este año; y tan sólo para 2011, más de 200 millones de pesos estarán a disposición de las autoridades locales mediante el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN).

La fragilidad institucional a nivel estatal y municipal conlleva consecuencias preocupantes. La colusión de elementos de las policías municipales en la comisión de delitos graves como el homicidio y el secuestro, tal como se ha observado recientemente, muestra la urgencia y el nivel de atención que exige a los tres órdenes de gobierno el reto de construir instituciones de seguridad y procuración de justicia eficientes y confiables.

Este imperativo aplica también, desde luego, al orden federal. El Gobierno de la República ha procedido, con toda firmeza y así lo seguirá haciendo, contra quienes traicionen al servicio público actuando al margen de la ley.

Es indispensable también que las autoridades locales utilicen los instrumentos propios, así como las diversas herramientas y apoyos que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han puesto a su disposición, para que sus policías trabajen para los ciudadanos y no para los delincuentes, y se pueda así poner fin a estos episodios indecibles e indignantes.

Limitar las operaciones de la delincuencia continuará siendo una prioridad del Gobierno Federal en Tamaulipas, y debe serlo también de cada uno de los funcionarios estatales y municipales que tienen obligaciones constitucionales que cumplir frente a la ciudadanía.




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