Monday 23 de January de 2017

Autorizan a Arizona comenzar a aplicar Ley SB 1070

     18 Sep 2012 19:33:37

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PHOENIX, ARIZONA.- Arizona recibió hoy autorización para ejercer la única previsión de la ley de inmigración SB 1070 ratificada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que faculta a la policía a indagar el estado migratorio de cualquier persona detenida.

La jueza federal Susan Bolton levantó oficialmente hoy martes la suspensión de la aplicación de la ley, impuesta el 28 de julio de 2010, un día antes de lo previsto para que entrara en vigor.

La propia Bolton impuso la suspensión a la ley para analizar los méritos de las demandas interpuestas en contra del estatuto, luego de su aprobación por la legislatura estatal y promulgación en abril de 2010 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.

En un dictamen de tres párrafos, la jueza ordenó la anulación de la medida cautelar en contra de la SB 1070 para permitir finalmente su aplicación a las autoridades de Arizona.

"Hoy es el día que hemos estado esperando durante más de dos años: la medida cautelar contra el corazón de la SB 1070 ha sido levantada", destacó la gobernadora Brewer en un comunicado.

Los policías de Arizona podrán finalmente interrogar a las personas que detienen por alguna falta sobre su estatus migratorio cuando haya sospecha razonable de que pudiera tratarse de un inmigrante indocumentado.

Se trata de la única previsión de la SB 1070 que sobrevivió al largo y complejo proceso judicial al que quedó sujeta la legislación tras su promulgación y que la llevó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para una decisión final sobre el estatuto.

El máximo tribunal del país dictaminó el pasado 25 de junio que la Sección 2B de la SB 1070, el apartado que autoriza a los policías a interrogar sobre el estatus migratorio, no viola en automático derechos constitucionales y tampoco anticipa a la ley federal de inmigración.

Pero en su dictamen, la Suprema Corte de Justicia advirtió que el punto podría reconsiderarse si se presentaran evidencias de violación de derechos una vez que la previsión de la SB 1070 entrara en vigor.

Las autoridades de Arizona capacitaron a más de 15 mil agentes de la policía sobre la forma como deben aplicar la SB 1070. Cada agente de policía en la entidad recibió un video y un folleto explicativo sobre la aplicación del estatuto.

“No es suficiente que la SB 1070 se aplique; debe hacerse cumplir de manera eficiente, eficaz y en armonía con la Constitución y los derechos civiles”, apuntó Brewer.

Añadió que tiene “plena fe y confianza en que los agentes del orden público locales y estatales de Arizona están preparados para esta tarea".

La jueza Bolton también ordenó este martes que otras secciones complementarias de la SB 1070 quedaran permanentemente suspendidas.

Una de estas secciones establecía la prohibición a los indocumentados de solicitar trabajo, otra exigía a los inmigrantes la portación permanente de documentos sobre estadía en el país y una más requería a los policías el determinar si una persona ha cometido un delito que pudiera conducirla a la deportación.

Otros dos componentes de la ley, uno que prohibía a los jornaleros indocumentados el bloquear el tránsito mientras se busca trabajo y otra que prohibía albergar o transportar inmigrantes indocumentados, también fueron suspendidos en forma permanente por orden de la juez.

La promulgación de la SB 1070 en abril de 2010 generó un fuerte debate nacional sobre si las entidades tenían el derecho o no de diseñar y aplicar sus propias leyes migratorias.

Arizona fue la primera entidad en promulgar una ley estatal de inmigración, pero fue seguida por otras cinco entidades del país, entre ellas Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Norte e Indiana.

El gobierno federal interpuso demandas en contra de cada una de esas legislaciones, al sostener que la inmigración era un asunto exclusivo del ámbito federal.

La primera demanda en llegar a la Suprema Corte de Justicia fue la interpuesta contra la SB 1070, que desechó múltiples previsiones del estatuto y sólo autorizó la de permitir a los policías cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio.




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