Friday 24 de March de 2017

¡Bajo protesta!

     6 Jul 2012 04:00:00

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"Querido Andrés: como en 2006, es necesario preguntarnos: ¿cómo hacer valer la fuerza política de nuestros votos en una elección viciada desde el origen?”, le dice Rosa Albina Garabito Elías a Andrés Manuel López Obrador, en carta abierta publicada en La Jornada el 3 de julio pasado.

Luego le propone: “En este caso implica reconocer los resultados electorales bajo protesta y con la condición de aprobar por consenso, entre otros temas de la agenda político legislativa: apertura de los medios electrónicos, reforma laboral y democrática, reforma hacendaria integral, no a la privatización de Pemex, estrategia contra el crimen organizado con respeto a los derechos humanos, y reconocimiento a los acuerdos de San Andrés”. Finalmente le recomienda no desgastar la fuerza política aunque sí aprovecharla.
 En cualquier país democrático, los mecanismos utilizados por el PRI-Calderón, serían motivo de nulidad del proceso electoral, o cuando menos de la eliminación de los candidatos: los monederos electrónicos que lucran con la pobreza de la gente, la coacción hacia los trabajadores de la burocracia federal y estatales y, sobre todo, la infame intervención de las televisoras Azteca y Televisa manipulando a amplios sectores de la población. En México no pasará nada. Peña Nieto será impuesto, porque la estructura jurídica actual está hecha para el engaño, el abuso y el fraude.
Es atendible la recomendación inteligente de Rosa Albina Garabito. ¿Por qué no pensar en aprovechar la fuerza de los votos, que coloca a la izquierda en la oposición más importante? ¿Por qué no aprovechar el ímpetu, idealismo y cultura de los jóvenes de Yo Soy 132, para impulsar una profunda reforma de Estado que impida a futuro más elecciones de vergüenza? Esto es, lograr con la fuerza popular un Pacto de la Moncloa para México.
La FEPADE no es la cinta de telenovela que se exhibe en los medios, donde una valiente mujer observa la compra de votos, amenaza al delincuente electoral con denunciarlo y en la siguiente escena, éste es capturado por un eficiente aparato de procuración de justicia electoral. En otra película, un jefe de oficina (que bien pudiera ser el Secretario de Salud de Zacatecas) ordena a sus empleados el voto a favor de algún candidato, es denunciado e inmediatamente es detenido y cabizbajo camina rumbo a la cárcel.
En la realidad esto no ocurre y, no ha sucedido nada a pesar de las denuncias, porque la titular de la FEPADE depende jerárquicamente de la Procuradora General de la República y ésta a su vez, del Presidente que resultó ser un aliado del PRI. La reforma necesaria es, dar autonomía técnica a la PGR y que ésta no dependa jerárquicamente del Ejecutivo Federal. Muchos delincuentes, electorales y, hasta los de cuello blanco acabarían procesados y condenados.
Independientemente de éste camino, es necesario seguir exigiendo castigo a los delincuentes del proceso electoral 2012.
Otra reforma urgente, es la ciudadanización de los órganos electorales IFE e IEEZ en el caso de Zacatecas. Hoy los consejeros son designados por los partidos políticos, lo que evidentemente conlleva a que los favorecidos defiendan los intereses de sus institutos y no los de la ciudadanía.
Para completar el esquema de imparcialidad, se requiere reformar la Constitución Federal en tratándose del Poder Judicial de la Federación: El Presidente de la República propone a los Ministros de la Corte (art.96) y la Suprema Corte; o sea los ministros, proponen a los Magistrados Electorales (art. 99 fracción IX párrafo siete). Así está el círculo vicioso de deudas de gratitud. Finalmente es el Presidente de la República quien incide en la designación de las autoridades judiciales en materia electoral y, si Felipe Calderón ha forjado acuerdos de impunidad con Peña Nieto, es de preverse el resultado de las impugnaciones y el apoyo a Calderón al final de su mandato.  
En condiciones semejantes se encuentra la legislación local relacionada. Es el Gobernador del Estado, quien propone a los Magistrados del Poder Judicial (art 96) designando en la práctica a su presidente; los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral son propuestos ante la Legislatura por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (esto es,  por los magistrados propuestos por el gobernador, art. 102 párrafo segundo); en tanto que el Consejero Presidente del IEEZ y los Consejeros Electorales, son propuestos por los grupos parlamentarios.
En general ésta es la estructura jurídica en el país en materia electoral, lo que permite un control absoluto por parte del Presidente de la República y de los gobernadores en las entidades. Esto, sin hacer referencia a los fedatarios y a los recursos económicos que los ejecutivos manejan a discreción y con opacidad, lo que permite a los mandatarios incrementar su poder sobre subordinados y ciudadanos. Tema que será tratado en otra colaboración.

*Profesor universitario




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