Sunday 22 de January de 2017

Buscan sancionar a exfuncionarios con leyes deficientes, acepta Huizar

Reconoce Guillermo Huizar que la ley de responsabilidades es deficiente

     9 Aug 2012 04:00:00

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Foto: Oscar Baez
Foto: Oscar Baez

De 80 procesos contra exfuncionarios que la Contraloría Interna inició a finales de 2010, el de la exgoberndora Amalia García Medina está “administrativamente muerto”, mientras que el resto aún siguen abiertos, informó el titular de la dependencia, Guillermo Huizar Carranza.
El problema, reconoció, es que se enfrentaron a un marco jurídico deficiente, principalmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, emitida en el sexenio de Ricardo Monreal, misma que no fue firmada por el entonces contralor Jorge Eduardo Hiriart.
La omisión dio elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto el procedimiento sancionador que la Contraloría Interna inició contra la exmandataria por presunto manejo irregular de recursos.
Aunque la corte se pronunció sólo en el caso de García Medina, los otros exfuncionarios también han aprovechado esta omisión para realizar parte de su defensa.
De ahí que si bien la Contraloría realizó 15 inhabilitaciones para desempeñar un cargo público en periodos que van de 3 a 20 años, 10 suspensiones temporales, 25 apercibimientos privados, y 30 sanciones económicas por un monto de 30 millones de pesos, ningún caso está concluido, comentó el funcionario.       
Estas sanciones, agregó, fueron producto de 19 auditorías realizadas al anterior gobierno de las que se derivaron 39 observaciones.  
Explicó que de estos procedimientos sólo se presentó una denuncia penal que dio como resultado el arresto del exoficial mayor, Eduardo Ruiz Fierro.
Huizar Carranza adelantó que por lo pronto no contempla presentar ninguna otra denuncia y en el caso de la exgobernadora Amalia García tampoco se ha determinado recurrir a otra vía para sancionarla, que pudiera ser penal, civil o política.  

Admiten errores en la ley
Huizar Carranza reconoció que desde un principio sabían de las deficiencias legales a las que se enfrentaban, pero ante las evidencias de irregularidades debían actuar.
“No teníamos alternativa, teníamos que empezar a investigar con el marco normativo que estaba en vigor en el momento, no había de otra”, manifestó.
Comentó que no realizar ninguna acción, hubiera implicado hacerse “de la vista gorda y ya no digo nada”, pero nunca fue esa la intención.
El contralor precisó que tampoco tenían la opción de modificar el marco normativo, pues procesos de este tipo involucran a cinco leyes: la de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Orgánica de la Administración Pública; de Adquisiciones y la de Obra Pública.
Emitir nuevas leyes antes de la investigación, dijo, habría dado elementos a los exfuncionarios para argumentar la no retroactividad de estas.
Por ello, insistió, se tomó la decisión de actuar con las leyes vigentes y llevar los casos hasta las últimas consecuencias, pues si bien esto ha implicado un proceso largo, lo cierto es que la Contraloría Interna no ha sido vencida en ninguno de los asuntos.
Luego de esto, agregó, la administración estatal inició la presentación de nuevas leyes como la de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Orgánica de la Administración que ya fueron aprobadas.
Además, destacó, es un hecho que en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la 60 Legislatura será aprobada la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que sólo quedarían pendientes dos leyes.
Huizar Carranza dijo estar consciente de que quizá pierdan algunos casos, pero el Gobierno del Estado sentó un precedente al realizar una cantidad de investigaciones histórica, lo que demuestra que el gobernador Miguel Alonso no tolerará actos de corrupción, comentó el funcionario estatal.


 




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