Wednesday 22 de March de 2017

Centralismo legislativo

     26 Aug 2011 04:00:00

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El 17 de agosto pasado, los medios de comunicación informaron sobre la publicación del decreto que reforma los artículos 71,72 y 78 de la Constitución Federal, con lo que desaparece la pésima práctica antidemocrática llamada “veto de bolsillo”.

El “veto de bolsillo” es también maña política en Zacatecas y de uso reiterado en las entidades de la República. Consiste en la omisión del Ejecutivo de publicar en el Periódico Oficial del Gobierno algún decreto que el Legislativo le ha enviado. Sabemos que la promulgación y publicación es un requisito indispensable para que una ley adquiera vigencia, esto es, para que sea obligatoria.
Ciertamente el Ejecutivo tiene la facultad de vetar un decreto legislativo, sólo que debe hacerlo formalmente y dentro del término que se establece en la ley.
La Constitución de Zacatecas, en su artículo 62 dispone el procedimiento llamado “Prescripciones para la Promulgación y Publicación de Leyes o Decretos” .Una vez que el gobernador recibe una ley o decreto de la legislatura y no tuviera observaciones dentro del término de diez días hábiles, “lo promulgará y publicará inmediatamente”.
En lo que parece ser una imperfección intencionada de ésta disposición constitucional, no se señala la consecuencia jurídica ni política, cuando el ejecutivo, habiendo recibido una ley o un decreto de la Legislatura, no lo publica ni lo veta en términos formales. Simplemente lo desatiende y lo olvida en su escritorio, por eso a ésta práctica nociva se le llama “veto de bolsillo”.
¡Qué bien que la Legislatura Federal ya estableció un mecanismo para garantizar la conclusión del proceso legislativo y evitar el veto de bolsillo! ¡Qué mal que la Legislatura de Zacatecas no haya reformado el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado, a pesar que desde el 20 de junio de 2006, un grupo de diputados presentó una iniciativa para eliminar el viejo vicio por el cual el ejecutivo desatiende los resolutivos del poder Legislativo en franca burla a este, que se dice poder!
El “Centralismo” es la tendencia de sujetarse indebidamente a la voluntad de una autoridad focal que concentra el poder y atribuciones políticas y administrativas.
Tal situación ha venido ocurriendo en la Legislatura del Estado de dos formas: la primera cuando la improductividad, notoria y casi permanente desaparece hasta que la Legislatura Federal emite alguna disposición jurídica, que en cascada y de inmediato es simplemente copiada; y la segunda, cuando no se inicia el proceso legislativo por parte de los Diputados, hasta que el Ejecutivo “da permiso” para ello.
Durante los años de 2004 a 2007, un grupo de diputados de la 58 legislatura, presentamos una serie de iniciativas que fueron congeladas prácticamente porque así lo decidió la entonces gobernadora. Valdría la pena que hoy se retomaran por alguna fracción o diputados y, con las actualizaciones pertinentes, concluyeran el trámite que no se concluyó.

Algunas de ellas son:
• La de Participación Ciudadana, en la que se define un verdadero procedimiento para la participación del pueblo en los asuntos públicos, dándole carácter vinculatorio al referéndum y al plebiscito y disminuyendo los requisitos para su realización, así como los de las Iniciativas Populares;
• La que reforma la Ley de la Administración Pública del Estado en su Artículo 31 para que a la Oficialía Mayor corresponda el afiliar a todos los trabajadores al servicio de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado, al Régimen del IMSS, y basificar a aquellos que hayan cumplido seis meses de antigüedad en el empleo, que no estén considerados de confianza ni se encuentren cumpliendo las funciones de otro trabajador;
• La que adiciona con un párrafo segundo el Artículo 46 de la Ley de Servicio Civil del Estado, con el fin de que las mujeres trabajadoras que sean madres de niños menores de 10 años, tengan derecho a que se les asigne horario corrido, aplicando así una medida cautelar del delito y respetando un núcleo básico de derechos individuales;
• La de Atención y Protección a Víctimas del Delito, que crearía un centro de igual nombre en el que se asesoraría legalmente, se proporcionaría atención médica y sicológica gratuita y urgente, entre otros servicios, a quien fuera víctima de algún delito; cumpliendo así con lo dispuesto en el apartado B del Artículo 20 Constitucional;

Entre otras que se mencionarán y describirán en colaboraciones posteriores.

*Profesor universitario




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