Wednesday 18 de January de 2017

Civilizar el salvaje oeste

     7 Jan 2011 21:24:08

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Filtraciones de WikiLeaks al diario The New York Times confirman los peligros de subcontratar a empresas de seguridad privada para funciones que, hasta hace pocas décadas, desempeñaban los ejércitos de los Estados.
El comportamiento de contratistas de algunas de estas empresas en Irak y Afganistán se asemeja al de mercenarios en África en décadas anteriores. Financiados con diamantes y otras materias primas, ejércitos paralelos ponían en peligro la paz, la estabilidad y la soberanía de los nuevos Estados en la década de los 70.
Los estragos que produjeron estas milicias llevaron a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Africanos a desarrollar mecanismos jurídicos para prohibir y castigar la actividad mercenaria. Las organizaciones internacionales intentaban afianzar la libre determinación de pueblos que habían padecido siglos de explotación y dominación.  
Las aventuras militares de Estados Unidos y de su “coalición” en Irak y en Afganistán demuestran que la amenaza a esa libertad no ha perdido vigencia. Distintos informes denuncian comportamientos de cowboy por parte de individuos que vulneran con impunidad derechos humanos fundamentales.
Sólo un contratista norteamericano ha sido juzgado y encarcelado por crímenes de tortura y asesinato, aunque diversos informes dan cuenta de decenas de casos más. No se trata de señores de la guerra, sino de empleados de empresas privadas que ofrecen “servicios” en el “mercado” de la “seguridad”.
La negativa de Estados Unidos y de Gran Bretaña de ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Utilización de Mercenarios presentaba ya obstáculos a la hora de actuar contra individuos de esos países implicados en actividades mercenarias.
Cuestiones relacionadas con la nacionalidad impiden que la gran mayoría de los culpables por crímenes de tortura, de asesinatos indiscriminados a civiles y de otras violaciones de derechos humanos pudieran ser procesados como mercenarios, aunque Estados Unidos y Reino Unido la hubiesen ratificado.
La convención no define como mercenario a individuos con la nacionalidad del país ocupante o del país ocupado.
La cláusula de la nacionalidad se pensó en un contexto internacional en el que los Estados conservaban el monopolio del uso de la fuerza armada; el peso de las contiendas militares regulares recaía en los ejércitos nacionales.
En la actualidad escasean los conflictos entre ejércitos y proliferan aquéllos que se dan dentro de los países, en especial los Estados fallidos o los que se encuentran en las garras del narcotráfico y el crimen organizado.
Debido a los vacíos legales y a una terminología obsoleta en los contextos bélicos actuales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios elabora una nueva convención.

*Centro de Colaboraciones Solidarias




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