Tuesday 17 de January de 2017

Colaboración forzada

Muchos periodistas mexicanos hace rato que emigraron de profesión o viven del otro lado de la frontera.

     2 Aug 2011 04:00:00

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La Sociedad Interamericana de Prensa sonó la alarma este viernes al denunciar que el 2011 ya es el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana, responsabilizando por esa tragedia a la inacción de los gobiernos de la región.

    Mensajes y sociedad

En estos primeros siete meses, 19 periodistas fueron asesinados en América Latina. Preocupa, además, que esos casos no estén focalizados solo en México, sino extendidos por Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, lo cual implica que el narcotráfico, fuente principal de la violencia, está expandiendo sus tentáculos por toda la región.
La reportera mexicana Yolanda Ordaz es la última de las víctimas. La degollaron esta semana en Veracruz, dos días después de ser secuestrada mientras reportaba asuntos policiales en el periódico Notiver. Las autoridades destacaron que tenía complicidades con el cártel de los temibles Zetas; y anunciaron que investigarían a todos los reporteros que cubren la fuente policial, en busca de vínculos con la delincuencia.
Es posible que haya vinculaciones. El periodismo no está exento de corrupción, aunque la víctima era humilde y no ostentaba las comodidades derivadas de nexos con el narco. Una vez más, podríamos estar ante el patrón de conducta de muchas autoridades de victimizar a las víctimas, para justificar su incompetencia y ganar tiempo. En realidad, poco importa si se trata de un crimen pasional, político o por su profesión; lo relevante es que se esclarezca y que se conozca la verdad, por más dolorosa que resulte.
Las excusas y la inacción gubernamental para detener la violencia y su impunidad generan autocensura y espantan al periodismo. Notiver anunció el martes que cinco de sus cronistas abandonaron el periódico y la ciudad por falta de garantías para trabajar. El desbande está justificado. Semanas antes de Yolanda, otro de sus periodistas fue ejecutado.
Pero las garantías no faltan sólo en Veracruz, sino en todo México. La Fiscalía Especial para este tipo de delitos contra la prensa, creada en 2006, no ha resuelto ningún caso, y solo consignó cuatro de los más de 100 casos de periodistas, entre asesinados y desaparecidos, de los últimos 20 años. Tampoco existen garantías en plazas violentas, como Ciudad Juárez, donde policías, soldados y narcotraficantes están acusados por los mismos crímenes, así sean robos, extorsiones, secuestros y trata de personas; o en países como Honduras y Brasil, donde el crimen organizado tiene alto grado de consanguineidad con la corrupción política.
Los medios de comunicación no ayudan mucho. A la falta de incentivos para la profesión, así sean salarios decentes, seguros médicos, de vida, jubilación, y protocolos de seguridad, se le agrega la casi inexistente unidad y solidaridad gremial para neutralizar la violencia y la autocensura. Muchos periodistas mexicanos hace rato que emigraron de profesión o viven del otro lado de la frontera.
No obstante, no se puede caer en el absurdo y culpar a los medios de las obligaciones que sí tienen los Estados para proteger a los periodistas, ya sea investigando, reformando leyes para hacerlas más rigurosas contra los delincuentes o custodiando las redacciones.
Quizás se necesita forzar aún más la colaboración del gobierno de EU. No sólo para que trate de reducir el consumo de drogas y contener el tráfico de armas hacia México, de por sí medidas que reducirían en parte la fuente de violencia; sino, que además, adopte medidas económicas contra aquellos países que se crucen los brazos ante los crímenes contra periodistas.
El gobierno de Barack Obama ya creó esa herramienta, pero nunca la aplicó. Se trata de la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, en homenaje al periodista del Wall Street Journal asesinado en Pakistán, la cual permite condicionar la ayuda financiera a aquellos gobiernos que no protejan la libertad de prensa y de expresión.
Si los gobiernos de México y América Central sintieran que peligra su ayuda financiera para combatir la delincuencia o si los de Colombia y Panamá vieran que tambalean sus tratados de libre comercio, seguramente se sentirían más motivados para prevenir ataques violentos contra periodistas, evitando que se repita este trágico 2011 que vive la prensa del hemisferio.

trottiart@gmail.com




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