Monday 23 de January de 2017

Conapred da 3 días más al “Caballero de las Lomas” para responder por agresión

     20 Jan 2012 20:29:08

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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que amplió a tres días hábiles más el plazo dado al empresario Miguel Sacal para presentar, personalmente o por escrito, su respuesta a la queja de oficio que se le sigue por conducta discriminatoria contra un empleado de valet parking.

El empresario agredió a Hugo Enrique Vera, que se desempeñaba como valet parking en el edificio Torre Altus, debido a que no cumplió su orden de cambiar la llanta ponchada de su automóvil.

En entrevista, Ricardo Bucio Mújica, director del Conapred, informó que desde la semana pasada se le notificó a Sacal de la queja de oficio que se abrió en su contra, y al vencer el plazo para hacerlo este viernes se le amplió a tres días.

Al respecto, subrayó que “es muy difícil el hecho de que tengamos un caso como éste, que haya no sólo un tema de clasismo, también de racismo, violencia e impunidad, y no haya los mecanismos legales para poder tomar cartas en el asunto”.

De ahí que resaltó la necesidad de continuar el análisis en el Congreso de la Unión para revisar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que no queden impunes actos de discriminación cometidos por particulares.

En su opinión, los mecanismos legales necesarios son que cuando se solicita comparecer a un particular, porque hay una queja expresa de discriminación, éste tenga que acudir ante las autoridades.

Reiteró que hoy se le envió una ampliación del plazo a Miguel Sacal para presentar su respuesta a la queja de oficio, con la intención de llegar a una conciliación que permita tanto la reparación del daño como la no repetición de los hechos.

Ahondó que en caso de que no se presente no hay forma de obligarlo, pues “la ley establece la obligación sólo para funcionarios públicos federales, pero no para particulares”.

Señaló que es un tema sobre el que ya hay una iniciativa de reforma de ley que está en el Senado de la República y que incluye una homologación de la obligación tanto para particulares como para servidores públicos federales, pero no ha sido aún dictaminada.

Por ello, insistió en la importancia de que el Congreso de la Unión haga una reflexión sobre la pertinencia de fortalecer las atribuciones contra la discriminación.

Explicó que el actual mecanismo es efectivo en la mayoría de los casos, pero es necesario que existan mecanismos para los casos en los que el responsable de la discriminación se niegue a comparecer.

“Tendría que haber la obligación de sentarse en la mesa y después valorar la posibilidad de sanciones”, consideró Bucio Mújica.

En todo el mundo esto es una discusión, si se tiene o no que sancionar la discriminación. “Me parece que en México hay un debate pendiente tanto en los congresos tanto estatales como en el federal”, indicó.

Reveló que en acercamientos con legisladores locales y federales ha encontrado resistencia sobre la sanción a particulares, pues ellos sólo la contemplan hacia servidores públicos. Sin embargo, casi 65% de los casos que recibe el Conapred son contra particulares, dijo.

También informó que el Conapred solicitó colaboración a la Procuraduría de Justicia capitalina para que, en ejercicio de sus atribuciones y en diálogo con la víctima, se abriera una querella por el delito de discriminación.

Sin embargo, comentó, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal puntualizó que debido a la conciliación que se dio el abogado del agraviado no aceptó esta vía.

Resaltó que este caso abrió la discusión sobre el clasismo existente en México, el cual es producto de una “desigualdad muy grande y lacerante, respecto al acceso a bienes, servicios y derechos en esta sociedad”.

Consideró que esa es la mejor ganancia, independientemente de que hubiera un avance contra el responsable de este caso particular, que se reconozca el clasismo y lo que ello implica para millones de personas en el país todos los días.

Expresó que en la discusión en redes sociales y medios de comunicación se plantea qué habría pasado si el papel entre el valet parking y el empresario fuera intercambiado y “no es posible saberlo”.

Empero, hay elementos suficientes para presuponer que no hubiera pasado lo mismo, que sí hay una distinción en el acceso a la justicia en razón a la condición socioeconómica de las personas, concluyó.




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