Wednesday 18 de January de 2017

Conflicto de soberanías

     21 Aug 2012 03:30:00

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Un saludo con mucho afecto  para Alonso Lujambio
El sistema de justicia mexicana está en crisis porque no ha podido fijar los límites normativos en la legislación secundaria, con respecto a la soberanía civil y militar. Los derechos fundamentales le han venido ganando terreno al fuero castrense, que en otros tiempos era invencible.
Los militares que violen derechos humanos serán investigados, procesados y sentenciados por la justicia civil, y no militar como ocurría en el pasado. Las leyes de reforma lograron abatir el fuero eclesiástico. Sin embargo el fuero militar ha sido privilegiado hasta hoy en día.
Toda vez, que las reformas constitucionales de hace un año y la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla en donde se le condena al tribunal constitucional de este país que no debe funcionar la justicia militar cuando existan violaciones a los derechos humanos de civiles.
No obstante lo anterior, el artículo 13 de la ley fundamental delimita constitucionalmente el fuero de guerra de manera exclusiva para delitos y faltas contra la disciplina militar y prohíbe extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército.
De tal manera que si un civil comete algunas violaciones en contra de las instituciones militares, este caso lo conocerá la autoridad civil y si un militar comete abusos de autoridad sobre un civil, será conocido su caso por la justicia ordinaria.
Importa destacar que en la lucha en contra de la delincuencia organizada no ha sido fácil fijar estos límites constitucionales a la autoridad civil y militar, ya que el ejército ha vulnerado en reiteradas ocasiones el artículo 21 al perseguir estos delitos, competencia que se le atribuye al Ministerio Público federal y no al ejército como se ha venido haciendo.
Considero que no hay contrariedad en los principios y en las reglas constitucionales para fijar los límites entre la competencia militar y los órganos jurisdiccionales ordinarios. El problema estriba en que el poder parlamentario no ha legislado para fijar los límites legales.
El fuero militar se ocupa para proteger la lealtad y la función del ejército para garantizar la soberanía territorial del Estado, aún así, existe una laguna legal en el artículo 38 del código militar que prescribe que todas las personas que puedan aportar datos, están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público Militar, como se observa, no distingue si son personas militares o civiles.
Aunado a lo anterior, la Corte mexicana sólo ha resuelto el asunto de las soberanías civil y militar de acuerdo a lo dispuesto por la constitución y atendiendo a los acuerdos internacionales que ha suscrito y donde forma parte.
El problema persiste en la reserva que el mismo constituyente se ha hecho y que no ha atendido adecuadamente para legislar en los ordenamientos secundarios. Por tanto la disputa por el fuero militar seguirá en deliberación en el tribunal constitucional de nuestra nación.

*Maestría en Derecho Constitucional
 




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