Friday 20 de January de 2017

Confusión en caso de destrucción de boletas de 2006

     5 Dec 2012 18:36:34

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MÉXICO, DF.- La destrucción de la paquetería electoral de la elección de 2006 se convirtió en un problema jurídico tan complicado que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no pudieron resolver.

Tras un debate de varias horas, los siete integrantes de ese órgano jurisdiccional colegiado decidieron al fin, por una mayoría de cuatro votos, returnar el expediente.

Luego de rechazar la propuesta elaborada por el magistrado Manuel González Oropeza, quien fue el único que sostuvo la propuesta inicial de sobreseer el recurso de apelación interpuesto por los partidos de izquierda para evitar la destrucción de la paquetería electoral, el asunto quedó en la indefinición.

Y ello porque otros dos magistrados, Salvador Nava y Constancio Carrasco, se pronunciaron no por sobreseer ni returnar el expediente, sino por un acuerdo de suspensión para retomar el asunto una vez que el Consejo General del IFE emitiera una nueva resolución al respecto.

En estas condiciones la confusión prevaleció y no quedó claro si habrá una propuesta nueva del magistrado a quien le sea returnado el asunto, antes de que haya una resolución de la instancia internacional (Comité de Derechos Humanos de la ONU) que emitió una medida cautelar para evitar la destrucción de las boletas, mientras decide sobre el fondo del asunto.

Ese fue, precisamente, uno de los factores que complicó este caso hasta volverlo prácticamente irresoluble desde el punto de vista jurídico, tanto que los magistrados reconocieron que se trata de un asunto inédito que no tienen claro la forma en que se debe resolver.

La controversia se originó luego de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) emitió el acuerdo 660/2012, mediante el cual emitió los lineamientos para la destrucción de la paquetería electoral de la elección federal de 2006.

Este acuerdo fue impugnado mediante un recurso de apelación por los partidos de izquierda ante el máximo tribunal electoral, pero antes de que resolviera, un particular, Rafael Rodríguez Castañeda, solicitó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas su intervención para evitar la destrucción de ese material antes de tener acceso al mismo.

El comité de la ONU emitió una medida cautelar en la que solicitó al Estado mexicano no destruir las boletas mientras decidía la aceptación o no de estudiar el fondo de la solicitud, y como resultado de ello el Consejo General del IFE decidió suspender la ejecución del acuerdo 660/2012.

En este caso, la labor de los magistrados de la Sala Superior del tribunal se complica, pues confluyen tanto el derecho internacional como el nacional, y uno de los principios del primero es que se puede acudir a éste una vez que se han agotado todas las instancias del derecho interno.

La complicación es mayor porque los partidos políticos son los actores en la controversia interna, mientras un particular es el que actúa en la instancia internacional, aunque las dos se refieren al mismo acto jurídico, es decir, la resolución del IFE de destruir las boletas electorales.

Después está el problema de los efectos de la resolución, ya que para los cuatro magistrados que votaron por el returno, el sobreseimiento significaba cerrar la controversia sin entrar al fondo del asunto, lo que implicaría la denegación de justicia para los impugnantes con una violación clara al Artículo 17 Constitucional.

Los magistrados que propusieron emitir un acuerdo de suspensión, hasta en tanto se resolviera por el comité de la ONU este asunto y por tanto el IFE emitiera una nueva resolución, expusieron que era la salida más racional.

Pero el magistrado González Oropeza, ponente de la resolución rechazada, desde el punto de vista práctico hizo notar que el sobreseimiento tenía el mismo efecto que la suspensión, y que el returno nada resolvía.

No obstante se impuso la mayoría numérica, porque a fin de cuentas no quedó clara la forma en que resolverán el asunto, donde no fue posible que llegaran a acuerdos comunes, ni el tiempo en que se presentará una nueva propuesta de resolución.
 




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