Thursday 23 de March de 2017

Cuando la política que se impone es un crimen

     8 Aug 2012 04:00:00

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“Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar desempleados) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy.
Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.
Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de 3 a 4mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección.
 Tampoco podrán comprarlos, no sólo porque no tendrán los más de 800 euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.
Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar pacientes inmigrantes o jóvenes sin tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… no dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.
Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad.
Según el Gesida, el incremento de costes por recurrir a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control por haber sido expulsados de la sanidad pública.
Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros recortando derechos, el fraude fiscal en el reino de España es de 70 mil a 80 mil millones anuales.
El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.
Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad.
Una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego y no solo por el abandono de los enfermos con VIH u otros pacientes.
Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen.
El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debería cambiar de rumbo.

*Centro de Colaboraciones Solidarias




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