Friday 20 de January de 2017

De la A a la Z Retos y desafíos del IFE 2012

     18 Apr 2011 04:00:00

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Hace 15 años, el país se encontraba en una etapa de construcción de instituciones. A lo largo de ese periodo, en el que prácticamente se partió de cero en el marco institucional y jurídico de nuestro derecho electoral y los procesos electorales, hoy en día, podemos decir que nos hemos quedado rezagados en la materia ante la rapidez y el dinamismo con la que ha evolucionado el propio derecho electoral, la política electoral y las instituciones.
¿Es o no, necesario promover de manera urgente una nueva iniciativa en materia electoral en la antesala de las elecciones presidenciales de 2012? Políticamente ¿el país resistiría el encono que se derivó del proceso electoral de 2006? ¿O debemos confiar en que en el 2012, en la víspera de una elección competida, polarizada, con el registro de conflictos, las instituciones electorales con que cuenta el país, por imperfectas que sean, y/o sobrereguladas, permitirán que los resultados electorales sean reconocidos por todos los actores políticos y la ciudadanía, de tal manera que podamos transitar hacia nuevas administraciones y esquemas de representación popular sin mayor conflicto?
El marco electoral
El marco jurídico-electoral hoy en día es incompleto, imperfecto, insuficiente para las condiciones en que se desenvuelve la política electoral. El país viene de un proceso de transición, no exento de conflictos, de reticencias, que sin embargo, ha permitido una transformación de nuestras instituciones. No son perfectas y no funcionan como deberían.
En el tránsito de la última década del siglo 20, a partir justamente, de un ejercicio intelectual y político se crearon instituciones y un marco jurídico prácticamente nuevo para poder regular la competencia electoral democrática en un país que en ese entonces -se coincidía- no estaba preparado. Más aún: carecía de los conductos institucionales para esa competencia electoral, que la sociedad en general venía exigiendo.
Fue, sin duda, un ejercicio político e intelectual. Se edificó en seminarios, foros, escritos, diálogos, debates, un nuevo universo. Con este universo se creó una nueva rama del derecho positivo en nuestro país. Y a la par vieron la luz un conjunto, un grupo en expansión, de personas que practican y piensan sobre esta materia.
Hace 15 años, bastaba con leer el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) -que apenas entraba en vigor- y ante cualquier duda que surgiera de la lectura del mismo uno podía recurrir al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), que tenía una tradición de ejercicio en la materia. Hoy en día no. Las resoluciones electorales, las decisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) y acuerdos del IFE y de las instituciones electorales en las 32 entidades federativas del país, han creado un laberinto, un enorme conjunto de decisiones de interpretaciones y definiciones, que prácticamente son inéditas. En línea paralela, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), nos ha colocado contra la pared en materia electoral. La infinita carretera de la información que implica internet, las redes sociales, están sin regulación alguna. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por ejemplo, administrará un proceso electoral de sucesión en la gubernatura de la entidad, en dónde se carece de un referente jurídico-electoral en la materia.
Las nuevas condiciones en materia electoral
El poder conocer la materia electoral en la actualidad requiere de un ejercicio que rebasa no sólo a una persona involucrada en estos procesos sino a las propias instituciones. De ahí que no necesariamente las instituciones en materia electoral han -a lo largo de estos años- mantenido una posición consistente, congruente con sus propias decisiones, con sus propias interpretaciones. Y sin embargo, el debate y la reflexión académica e intelectual -que le dieron su origen- en gran medida se ha perdido, o al menos, se ha rezagado.
La materia electoral ha adquirido un grado de detalle de minuciosidad, de tecnicismos que rebasan cualquier lógica democrática que le dio lugar -en su origen- a un marco jurídico general para poder competir en las elecciones. A final de cuentas, los resultados de las elecciones son lo que importa. Y los resultados electorales en países con democracias desarrolladas y consolidadas rara vez, o excepcionalmente, se llevan a tribunales o instancias administrativas para su validación. En realidad, en procesos funcionales, democráticos, los resultados electorales, la asignación de puestos de elección popular, son producto de procesos mucho más simples de los que tenemos en México.
En las democracias, los resultados electorales, la validación administrativa o incluso judicial, resulta -en la mayor parte de los casos- un asunto rutinario. En México, sin embargo, los procesos electorales han tomado una ruta más compleja, más rústica y ello ha derivado en un escenario de judialización. La materia electoral se ha judicializado en grados extremos y prácticamente cualquier decisión, ya sea de un partido político, o de un candidato, la competencia interna por la dirigencia de un partido político, la asignación de cargos de elección popular en los Congresos, ha derivado en un asunto técnico.
Una elección competida, cerrada, que se resuelva en términos del ganador por un solo voto no debería preocuparnos. A final de cuentas esa es la regla general de cualquier democracia. Quien obtiene un voto más que su contrincante, es el ganador. Y con ello goza de toda la autoridad que la ley y la democracia le puede otorgar. Sabemos, sin embargo, que esto no es precisamente cierto en nuestro país. Justamente por el marco de la competencia, como ha evolucionado en los últimos años, aún cuando parecía que el marco jurídico parecía prever cualquier eventualidad, corregir los vicios históricos, crear las instituciones para atender todos aquellos aspectos que eran considerados desafíos para una democracia transparente, nos damos cuenta que son insuficientes. Las interrogantes vienen en cascada. ¿Nos anticipamos, legislativamente, a la naturaleza de nuestros procesos electorales? ¿Profundizamos en la discusión pública sobre nuestro marco jurídico-electoral? Ese es el punto, de cara a las elecciones presidenciales del 2012.
Alrededor del país
Educación y arte.- En 1986, con el nombre de Asociación Carso AC, el empresario Carlos Slim Helú daba vida a uno de las asociaciones civiles más importante del país. Con el paso del tiempo su denominación social ha cambiado. Es lo de menos. Lo trascendente, radica en el compromiso social que ha cumplido a lo largo de este periodo: articular una serie de proyectos sin afanes de lucro, vinculados con la educación, la salud, el arte y el desarrollo personal y colectivo, a través de la aportación de recursos humanos y económicos para la gente de a pie. En medio de la discusión pública sobre las telecomunicaciones, resaltan el programa educativo-tecnológico y el proyecto Somuaya son un valor agregado al colectivo social.

*Presidente de la
Fundación SNTE




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