Sunday 22 de January de 2017

Declarar situación de emergencia para gremio periodístico, pide CDHDF

     20 May 2012 13:48:06

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Luis Armando González Placencia, presidente de la CDHDF.
Luis Armando González Placencia, presidente de la CDHDF.
MÉXICO.- El número de periodistas muertos en México sigue aumentando, de 2000 a la fecha, van 110 y de ninguno de ellos se tiene la certeza de que haya sido resuelto. La impunidad es la norma. Se debería declarar una situación de emergencia, considera el presidente de la CDHDF, Luis Armando González Placencia.   Exige pasar de la lamentación a la acción, implementando de manera urgente mecanismos de alerta y prevención, en los que asuman su responsabilidad los dueños de los medios de comunicación, ante la incapacidad del estado de garantizar la seguridad pública.   En entrevista con Notimex, el ombudsman capitalino reconoce que la situación de riesgo que enfrentan los periodistas en México es compleja, difícil, pero exige acciones inmediatas, mientras se vuelve a una aceptable normalidad.   Dos periodistas muertos más en la semana que termina, además de las agresiones y ataques contra los medios que no cesan, reflexiona el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal   (CDHDF), son suficientes para que el gobierno federal declare una situación de emergencia respecto al gremio periodístico.   Y es que, apunta, aún cuando el gobierno federal esta haciendo lo que le corresponde y son los gobiernos locales los que tienen la responsabilidad directa de salvaguardar la integridad personal de los reporteros, la PGR tiene la facultad de atraer las investigaciones relevantes y los ataques contra el gremio periodístico lo son.   La CDHDF tiene un programa para prevenir agresiones a periodistas, pero evidentemente algo está fallando, no se han logrado articular los esfuerzos de todos los implicados y la prueba es que sigue habiendo reporteros muertos, señala.   Y agrega que si bien los homicidios de los periodistas se atribuyen a la delincuencia organizada, ante la falta de investigación, no debe soslayarse que de acuerdo con organizaciones especializadas, parte importante de las agresiones contra los medios de comunicación y su personal, proviene de autoridades gubernamentales.   Independientemente de quienes sean los perpetradores, corresponde al propio estado la responsabilidad de evitarlos y en su caso, de sancionarlos. Por eso el ombudsman capitalino, demanda que, de manera urgente, se organice una política de protección a los periodistas, empezando ahí donde las evidencias indican que corren mayores riesgos.   “Ya hay evidencia suficiente para hacer una revisión estratégica y mapear dónde están ocurriendo con mayor frecuencia los ataques a periodistas. Esos datos serían suficientes para organizar una política de protección en esos lugares, eso quizá no impediría ataques en otros estados de la República pero implicaría una acción inmediata para que los reporteros sepan que cuando haya una amenaza o cualquier señal de alerta, sepan qué hacer”.   En este esfuerzo, aparte de las autoridades estatales, deben participar también los dueños de los medios de comunicación, dice, y a manera de ejemplo, señala: “se tienen que organizar acciones para evitar que los reporteros estén solos, que haya trayectos donde nadie sabe de ellos, mecanismos de reporte continuo, las posibilidades tecnológicas lo permiten”   En trayectos inseguros, los reporteros no deberían ir solos, en caso de amenazas, la intervención de las autoridades federales y de las comisiones de derechos humanos debería ser inmediata e incluir el acompañamiento, “a pesar de lo riesgoso nosotros lo hemos hecho al designar a un visitador”.   “Las medidas de prevención –puntualiza- se pueden ir acotando, sabemos que en los estados más inseguros los reporteros que están en mayor riesgo son los que cubren la fuente policíaca. En cada lugar los propios periodistas saben quienes son los que están en mayor riesgo, en esta situación de emergencia, se puede empezar por prevenir los ataques contra ellos”.   -Si no hay seguridad para que los reporteros hagan su trabajo, ¿sería válido pedirles que dejen de cubrir la fuente policíaca o de investigar temas peligrosos?   - Eso seguramente es uno de los fines de esos actos. No sería lo mejor que abandonaran su oficio, claro el riesgo es para ellos, como medida de presión el gremio podría organizarse y abandonar esas coberturas pero hay que ver a quién le conviene.   Antes que eso estoy consciente que tiene que ver con salvar la propia vida. Aquí hay una corresponsabilidad de los dueños de los medios, deberían ejercer una función de solidaridad con los reporteros, añadió.   Si el Estado no es capaz de ofrecer seguridad, también le toca a los dueños de los medios tomar acciones para evitar en lo posible los riesgos a los reporteros. Se habla mucho acerca del poder de los medios, ese poder se debe usar para proteger a los trabajadores de los medios, aseveró el ombudsman capitalino.   -¿Hay casos donde se ha mantenido la denuncia permanente durante días meses y años, y no pasa nada?   -Sí, pero hay que pasar ya también de la denuncia, del lamento, a la acción   Como doctor en sociología que es, Luis González Placencia, hace notar que las organizaciones criminales son organizaciones de mercado, de un mercado ilícito pero que funciona con las leyes del mercado normal.   Para el mercado los medios de comunicación son atractivos, les sirven para posicionar mensajes específicos, o para evitar que algo se sepa.   Cuando el periodista se vuelve un personaje incómodo la solidaridad de los medios es fundamental. Una buena historia le reditúa al medio, así que debe haber reciprocidad y el medio generar acciones para proteger a sus reporteros.   Organizaciones como Artículo 19 y Cencos podrían articular acciones de protección provenientes de los propios reporteros, pero falta también escuchar la voz de los dueños de los medios, no sólo para informar, sino para proteger a sus trabajadores, “a mí me parece que es obligación de los dueños defender a su gente”, insiste.   El Estado mexicano debería estar avergonzado de que se le considere uno de los países más peligrosos del mundo para el oficio de periodista, aún por delante de los que están en guerra, dice el ombudsman al escuchar la pregunta sobre el análisis de Freedom House que lo ubica como el peor del mundo y señala:   -Bueno, aquí también estamos en guerra, pero debemos suponer que el Estado tiene condiciones para proteger a sus habitantes o al menos para perseguir a quienes cometen algún delito.   Tenemos cuando menos tres colectivos que están en alto riesgo: uno es el de los periodistas, otro de los defensores de derechos humanos y uno más de los migrantes, y hay un común denominador que es la delincuencia organizada, en los tres casos.   “El estado no quiere reconocer que hay elementos para hablar de un estado fallido, pero hay evidencia de que si bien hay sectores del Estado mexicano que funcionan con relativa normalidad, lo cierto es que en no pocos lugares no hay seguridad para la gente, para la vida cotidiana normal.   “Evidentemente, es una falla del Estado al permitir que un poder fáctico asuma tareas que le corresponden al estado. No todo se puede atribuir al crimen organizado, pues en algunos casos los responsables son agentes del Estado.   De acuerdo con González Placencia, “los muertos son apenas la punta del iceberg de todos los riesgos que se viven. El periodismo es actualmente casi una actividad temeraria pero hay que pasar de las lamentaciones a las acciones, hay que estudiar y analizar más”.   “La situación de emergencia es apremiante y demanda acción inmediata, de otra manera seguiremos hablando de más muertes la próxima semana, y la que sigue, es indignante”.      


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