Wednesday 18 de January de 2017

Del verbo desamparar

Tren Parlamentario

     13 Feb 2013 03:20:00

A- A A+

Compartir:

Dos hebras del debate en México, tradicionalmente distantes entre sí, se entrelazaron ayer cuando fue aprobada la nueva ley de Amparo, la que sustituirá a la vigente luego de 166 años de existencia y en medio de fuertes denuncias opositoras de que se politizará una de las fuentes del derecho mexicano más reconocidas en todo el mundo.
El Consejo Coordinador Empresarial, desde la víspera, ya respingaba jurando que afectará decisiones económicas de muchos de sus agremiados. Movimiento Ciudadano también se oponía, argumentando que el grupo político y económico que aupado está sobre la Presidencia de la República acaba de cambiar la ley para ejercer discrecionalmente el derecho de amparo; es decir ayudará a unos y a otros no, según el grado de subordinación que aporten las empresas para volver a fortalecer la vena autoritaria del presidencialismo priísta.
Una moción suspensiva, para que la ley reculase a comisiones, la presentó José Antonio Hurtado Gallegos, del Movimiento Ciudadano. Hacía año y medio el Senado la envió. Lapso que duró bajo congelamiento, sin dictamen. “Es un atropello”, decía Hurtado Gallegos, “sabemos perfectamente bien que atentan en contra del instrumento jurídico más noble que tiene nuestro país, la Ley de Amparo”.
Argumentó entonces en favor Luis González, de Nueva Alianza: “en la tradición jurídica mexicana el amparo ha jugado un papel preponderante para contener los abusos del poder, siendo México una referencia internacional en la protección de los particulares frente a los poderes públicos. Y el dictamen que hoy discutimos representa un parteaguas que pone en el centro de la discusión el interés general al interés particular”.
Y apostillaba: “en tratándose del orden público y del desarrollo armónico del país hay que reconocer que el amparo se ha pervertido y ha venido protegiendo a los particulares más allá del interés general de la nación”.
Realmente el debate no estaba ahí, sino lejos, con los del Consejo Coordinador Empresarial. Cuando el Pleno discutía y votaba la nueva Ley de Amparo, priístas, panistas, aliancistas y pvemistas sólo votaban, disciplinadamente, y únicamente petistas y convergistas argumentaban en contra.
Como cuando los petistas plantearon que “detrás de los falsos discursos está el afán de la amenaza a la libre empresa y la ley del garrote”. O como aquel otro argumento en que decían que “no se trata de defender intereses particulares, ni de nadie en especial, sino de no permitir que sea a través de un artículo con el que el gobierno cuente con poderes supra constitucionales que le otorguen la posibilidad de amenazar a la ciudadanía o de tomar como rehén a algún empresario por ir en contra de sus intereses”.
O también aquella otra advertencia del PT, inusual, en que decía que “el gobierno tendrá el poder para poner en riesgo incluso a la libertad de expresión. O de ponerle fin a las operaciones de cualquier banco yendo en contra de los ahorros de los ciudadanos, o justificar su intromisión en empresas mineras o productores agrícolas y ganaderos que explotan las aguas del subsuelo”.
La fracción XIII del artículo 129 de la ley de marras, según Ricardo Monreal: “se incorpora, en tal fracción, un señalamiento relativo a que no procede la suspensión cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la Federación a que se refiere el 27 constitucional.  
Restalló Monreal: “este último señalamiento es fundamental y causará gran controversia, pues los actores económicos más poderosos recurren con frecuencia al juicio de amparo y a la suspensión para combatir los actos que consideran lesivos a sus intereses”.
Y aleccionó: “el ejemplo más claro de esto son las licitaciones para concesionar el uso del espacio situado sobre el territorio nacional, en esencia el espectro radioeléctrico, pero también sectores como el de la minería y el petróleo. Y lo más grave: las comunidades agrarias, las comunidades indígenas, los ejidos y el régimen de fraccionamientos. Conferirán al Estado, con esta ley, un gran control sobre todos y sobre todos los aspectos de la economía”.
José Salinas Garza, del PAN: “esta nueva Ley de Amparo amplía la protección de los ciudadanos frente a la autoridad y agiliza la tramitación y garantiza el acceso democrático a la justicia… Les quita a los delincuentes la posibilidad de defenderse contra el Estado, pues no podrán obtener suspensiones cuando el Estado vaya en contra de sus bienes. Otorga a los ciudadanos el doble de tiempo para presentar sus juicios y defender con mayor oportunidad”. Y afirmaba que será una gran aportación del PAN al régimen jurídico mexicano.
Cristina González Cruz reselló en nombre del PRI: “se circunscribirá al Estado mexicano a actuar en los parámetros de la constitucionalidad y legalidad. Se velará por el interés público y la preservación del orden social… Y se evitará el desgaste de la institucionalidad del Poder Judicial… Se construirá una mejor justicia”.
Encerrado en su dualidad, el PRD en voz de Alejandro Carbajal dijo que votaría en favor por los beneficios que acarreará para el ciudadano, aunque admitía que abre la posibilidad de que la autoridad será más arbitraria contra los particulares.
Aprobada, la enviaron al Senado para el refrendo de cambios que los diputados hicieron.

vicentebello1@hotmail.com




Lo más leído
Aplicaciones


Servicios
$ Dolar
Compra 21.58
Venta 22.08
€uro
Compra 23.00
Venta 23.5

Multimedia



©Todos los derechos reservados
GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.- De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación,
retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.




Aviso de privacidad