Wednesday 18 de January de 2017

Demanda por discriminación se suma a problemas de Arpaio

     22 Dec 2011 18:05:29

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PHOENIX.- Un juez escuchó el jueves los alegatos en una demanda que acusa a las patrullas migratorias del alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, de discriminación racial, una semana después que las autoridades federales lo acusaron de una amplia gama de violaciones a los derechos civiles.

La demanda fue presentada por varios latinos, quienes aducen que los agentes detuvieron a conductores hispanos sin que hubiera causa para hacerlo y sólo para investigar su estatus migratorio.

El juez federal Murray Snow deberá decidir si deja que el caso vaya a juicio, o resuelve la disputa él mismo al desechar el caso o declarar que el alguacil aplica la ley de inmigración con base en criterios raciales.

Es una de un creciente número de demandas contra la oficina del alguacil, que enfrentó la semana pasada un feroz informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos y después perdió sus credenciales federales para verificar el estatus migratorio de los reclusos.

En una demanda que se presentó esta semana, una mujer alegó indiferencia deliberada hacia sus necesidades médicas y violación de sus derechos constitucionales cuando los agentes la esposaron a su cama de hospital antes y después de dar a luz por cesárea en 2009.

Por otro lado, una familia dijo estar explorando una posible demanda después de que un preso hallado inconsciente en su celda luego de una pelea con agentes en la cárcel de Phoenix murió en el hospital cuando le retiraron los aparatos que lo mantenían con vida.

El grupo de latinos que alegan discriminación racial aseguran que los oficiales los detuvieron sin causa probable para preguntar sobre su estatus migratorio. Ellos están buscando una declaración judicial de que la oficina de Arpaio violó sus derechos constitucionales y debe establecer métodos de protección contra la discriminación racial.

Durante las patrullas, o redadas, los agentes "barren" una zona de la ciudad, en algunos casos de alta población latina, durante varios días para levantar infracciones de tráfico y de otro tipo y arrestar a los infractores. Según la oficina de Arpaio, el 57% de las 1.500 personas detenidas en 20 "barridas" realizadas desde 2008 eran inmigrantes que vivían ilegalmente en el país.

El Departamento de Justicia dijo la semana pasada que la oficina de Arpaio tiene un patrón de discriminación hacia los latinos, aplica la ley de inmigración basado en quejas de ciudadanos con un alto componente racial y castiga a los presos hispanos por hablar español. Arpaio tiene hasta el 4 de enero para manifestar si quiere llegar a un acuerdo para resolver las denuncias. El Departamento de Justicia ha dicho que está dispuesto a demandar a Arpaio y dejar que un juez decida el asunto si no se puede alcanzar un acuerdo.

Además de la investigación por violaciones a derechos civiles, un jurado también ha estado investigando a la oficina de Arpaio por denuncias penales de abuso de poder por lo menos desde diciembre del 2009 y examina específicamente el trabajo de su equipo de lucha contra la corrupción.

Arpaio ha negado las acusaciones de discriminación racial y asegura que sus oficiales abordaron a las personas detenidas en las redadas porque tenían una causa probable para creer que habían cometido delitos, y que fue sólo después cuando los agentes encontraron que muchos de ellos eran inmigrantes que carecían de permiso para residir en el país.

Snow ha encontrado motivos para sancionar a la oficina del alguacil por deshacerse o romper algunos registros de paradas de tráfico realizadas durante las redadas, pero se abstuvo de imponer un castigo.

El juez está considerando una serie de posibles "conclusiones" que o bien el juez o un jurado tendrán en cuenta cuando decidan el resultado del caso. En virtud de las conclusiones que se consideran, el juez o un jurado podría inferir que los registros habrían mostrado que los funcionarios no siguieron una política de tolerancia cero que los obligara a detener a todos los infractores de transito y que los documentos habrían incluido un mayor número de arrestos por inmigración que la actividad rutinaria de patrullas que documentan los registros.

Los abogados de Arpaio pidieron que la demanda se desestime con el argumento de que aquellos que presentaron el caso carecen de legitimidad para demostrar que enfrentan una amenaza de daño futuro a causa de las redadas y que la gente detenida en las redadas fue abordada porque los oficiales tenían una causa probable para creer que habían violado una ley.




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