Tuesday 24 de January de 2017

Demanda Tlaltenango al gobernador ante la SCJN

Rechazaron solicitud para que el municipio asumiera control de Tránsito

     6 Jan 2011 10:32:28

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ZACATECAS.- El ayuntamiento de Tlaltenango inició un proceso judicial en contra del Gobierno del Estado por negarse a ceder responsabilidades de Tránsito y Vialidad.
El alcalde Marco López, el síndico Rodrigo Orozco y los abogados del departamento Jurídico de Tlaltenango tomaron la decisión de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar al Ejecutivo del Estado.
En un escrito dirigido a los magistrados, el síndico argumenta, como motivo de la controversia constitucional, la negativa del gobierno estatal a transferir al municipio el servicio público de Tránsito, como lo mandata la Constitución de la República y disposiciones legales estatales.
El presidente municipal lamentó la respuesta que ofreció el secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, a su solicitud, hecha el 26 de noviembre de 2010.
La contestación del funcionario estatal, según se informó, fue que el decreto en que se basaba la petición del ayuntamiento, del 23 de diciembre del 1999, era muy viejo y se consideraba caduco.
El cabildo había aprobado, el 24 de noviembre, solicitar al Ejecutivo la transferencia del servicio de Tránsito y el apoyo económico correspondiente para ejercerlo.
El 26 de noviembre, el munícipe envió el oficio 0015/2010 al Ejecutivo para que, con base en el decreto, derivado de reformas al artículo 115 constitucional, le hiciera la transferencia en un plazo de 90 días.
Su petición se apoyó también en el acuerdo de 1985 celebrado entre el Ejecutivo de Zacatecas y los gobiernos municipales. En este ordenamiento el plazo para la transferencia se reducía a 60 días.
La respuesta fue negativa. El secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, consideró que dicho artículo "establece que los ayuntamientos sólo están facultados para aprobar bandos de policía y otras acciones, en las cuales no se encuentra la fundamentación para llevar a cabo la transferencia del servicio público de Tránsito."
Ante esta contestación, el ayuntamiento expuso que “es obvio que el secretario de Seguridad Pública se encuentra en graves errores al considerar en su argumentación preceptos legales no aludidos por el presidente municipal."
En el escrito enviado a la SCJN también se condenó el hecho de que el funcionario estatal considerara caduco el decreto de 1999.

Los ayuntamientos sólo están facultados para aprobar bandos de policía y otras acciones, en las cuales no se encuentra la fundamentación para llevar a cabo
la transferencia del servicio público de Tránsito

Jesús Pinto Ortiz
Secretario de Seguridad Pública




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