Monday 16 de January de 2017

Democracia: derecho a la diversidad

     13 Jun 2012 04:00:00

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En este espacio hemos repasado algunos de los temas que han hecho de este proceso electoral federal 2012, un ejercicio inédito; en materia electoral siempre es así, un proceso siempre es diferente al otro; el marco jurídico cambia, las características de la elección pueden variar,  el tono de las contiendas puede ser más estridente, a veces más tranquilo.  Sin embargo, en este año electoral 2012 hemos testimoniado uno de los cambios de paradigma más importantes de nuestra vida moderna como nación: el reconocimiento de los derechos fundamentales como la base de nuestra convivencia social, la esencia de todo el régimen jurídico y la obligación del gobierno de respetarlos con una visión ampliada y progresiva.

El reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas significa un verdadero cambio de paradigma en un estado en el que la tradición cultural nos llama a las diferencias. Nacimos como nación privilegiando las diferencias: los criollos desemejantes de los mestizos,  los mestizos inferiores a los españoles, los indígenas  disminuidos ante los mestizos, las mujeres sometidas al sistema patriarcal. Un sistema cultural, social y político en el que las diferencias han servido de argumento para denigrar al otro, para excluirlo, para someterlo e ignorarlo. La otredad no nos ha pertenecido, nunca nos ha interesado.

Por ello, resulta tan importante la reforma Constitucional (2011) que incluyó en el texto del Artículo 1. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…” Y, ¿En qué se ha traducido, en la práctica, esta reforma en materia electoral?  El espacio de esta columna resulta insuficiente para plasmarlo, sin embargo, a guisa de ejemplo hemos mencionado el caso de la efectividad de las cuotas de género, que ha obligado al registro de más mujeres candidatas; así como la posibilidad de que en las boletas electorales aparezca el apodo o sobrenombre. Un ejemplo más, que por su unicidad resulta relevante, es la presencia de una candidata transexual que está compitiendo por el Distrito 4 con cabecera en Tulancingo de Bravo,  Hidalgo.

Diana Laura Marroquín, tras un largo y doloroso proceso, logró el cambio de su acta de nacimiento en 2003 apenas con una anotación al margen y sin variar su identidad previa. En 2008, obtuvo el cambio en el acta y el reconocimiento de su plena identidad. Otros años de trámites para lograr impactar en sus documentos oficiales su nueva identidad. Por su activismo político a favor de la diversidad y de defensa de los derechos humanos de las personas transexuales y de las minorías, participó en el proceso de selección interna de candidaturas por el PRD en Hidalgo.  La abogada Marroquín, ganó la encuesta y obtuvo la candidatura, así lo resolvió el partido y así estaba avalado en el convenio de la coalición Movimiento Progresista. En marzo de 2012, la prensa la reportaba como la única transexual en la competencia electoral.  No obstante, en el momento del registro y sin haberle notificado las razones del cambio, Marroquín no apareció en los registros de la coalición, en su lugar se registró a María de los Ángeles Godínez Granillo.

Diana Laura se inconformó con  la decisión de su partido. La Sala Regional Toluca del TEPJF conoció de este juicio que ella promovió para proteger su derecho.  De conformidad con el análisis que se realizó del proceso de registro de la candidatura, ningún vicio o defecto tenía que perjudicara a la candidata Diana Laura, no existió una razón para ser excluida de la candidatura que ella había ganado.  La abogada, aun ante los medios, acusó causas de homofobia y discriminación para el arrebato de su candidatura.

El magistrado Santiago Nieto Castillo, quien se ha destacado por realizar un análisis puntual del derecho de las personas a ser votadas y a quien, con toda razón, podemos identificar como un juez “garantista”, hace un concienzudo análisis de los derechos fundamentales que le asisten a la candidata. Y en la resolución, aprobada por unanimidad, se establece que en concordancia con la Constitución,  las personas (hombres y mujeres) son iguales, por lo que se proscribe toda discriminación motivada por el género o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. Y al decidir sobre la reparación de la violación a sus derechos, se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y toma como criterio orientador la resolución de la Corte Interamericana al resolver el caso “Yatama vs Nicaragua” en donde se señaló que “el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho de participación política; dicha obligación requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio”.

El 8 de junio del presente año, la abogada Diana Laura Marroquín, señaló que el secretario de Gobernación le había llamado para reconocerle su esfuerzo por haber defendido su derecho a ser votada.  Esta es la realidad de las minorías en México, de un total de 500 curules y si el voto le favorece, sólo habrá una mujer transexual. Lo dicho, sin respeto a la diversidad, no hay democracia posible.  

*Doctora en Derecho y consejera presidenta del IEEZ
soto@itesm.es


 




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