Wednesday 18 de January de 2017

Democratizar la comunicación

Mensajes y sociedad

     23 Oct 2012 04:00:00

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Sin libertad de expresión la democracia es imperfecta. Esta máxima quedó más vigente que nunca tras la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que culminó en Brasil esta semana.
No se debe sólo a los 18 periodistas latinoamericanos asesinados este año, ni al bullying gubernamental ni al acoso legal contra medios de comunicación privados, pero a dos temas que trascienden a estos grupos y que afectan la libertad de expresión de los ciudadanos: las restricciones a la información pública que los gobiernos están obligados a ofrecer y el burdo bombardeo propagandístico estatal, como si se viviera un proceso de elecciones permanentes.
Estas dos características desnaturalizan la esencia de la democracia, la que no se basa sólo en el derecho del ciudadano a votar, sino en el deber del gobierno a informar sin mentir y a rendir cuentas de sus acciones. Para que el sistema funcione, la democracia tiene en las Organizaciones No Gubernamentales y en la prensa privada a sus anticuerpos, las que deben tener libertad y garantías para fiscalizar al poder público.
Existen  gobiernos y grupos que reniegan de esa acción fiscalizadora ciudadana. En un mensaje a la SIP, el premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y un grupo de intelectuales, calificaron a la institución de "cártel" compuesto por dueños de medios "que concentran y monopolizan el sector", y que se oponen a la "democratización de la comunicación".
La SIP y los medios no se inmutan por descalificaciones, ya que las han experimentado con diferentes gobiernos arbitrarios. Pero ahora, lo que por "democratización de la comunicación" se vende, es el falso precepto de que los medios privados pretenden el dominio económico, oprimir a los pobres, son corruptos y antidemocráticos, por lo que el Estado debe disciplinarlos y asumir o subsidiar canales informativos propios para decir la "única verdad".
Ese estatismo comunicacional -a lo que el expresidente peruano Alan García denominó el "opio de los pueblos", rescatando la famosa sentencia que Karl Marx atribuía a las religiones- lo vienen consumando los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. No satisfechos con la creación de docenas de medios estatales a los que manejan como propios, han instituido gigantescos aparatos de propaganda, en los que se vierte información dirigida, sin contraste ni equilibrio.
Es cierto que existen medios privados que también manipulan información, pero está el público para desecharlos o no prestarles atención. Los medios estatales son distintos. Por su carácter de públicos, porque pertenecen a todos y están hechos con los recursos de todos, el gobierno tiene la obligación de ser objetivo, equilibrado, no manipular información ni mentir sobre estadísticas oficiales de pobreza e inflación, como ocurre en Argentina y Venezuela. Si el gobierno miente, difícil resultará la implementación de políticas públicas para solucionar esos problemas.
También es grave, cuando los gobiernos, además de manipular datos, omiten y traban el acceso a la información pública. Pese a que en muchos países existen leyes que obligan a los gobiernos a ofrecer la información oficial a los ciudadanos sin cortapisas, en la práctica el acceso se restringe y los estados siguen inmersos en la cultura del silencio y el secretismo.
Si los gobiernos realmente quieren "democratizar la comunicación" deberían informar con la verdad, sin necesidad de saturar a la ciudadanía propalando en forma constante por cadenas nacionales, actos políticos y medios oficiosos. Estos métodos populistas de propaganda y de restricción de información oficial para dominar la opinión pública, tienen como consecuencia la instauración de democracias cada vez más imperfectas.

*Director de libertad de prensa de la SIP
trottiart@gmail.com




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