Thursday 23 de March de 2017

Descartan en Guatemala castración química contra violación sexual

     31 Jul 2012 22:13:10

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GUATEMALA.- Juristas y defensores de los derechos humanos guatemaltecos coincidieron en descartar la castración química como método disuasivo para el delito de violación sexual.

Admitieron en declaraciones a Notimex la gravedad del crimen que afecta sobre todo a mujeres y menores de edad, y que por su elevada incidencia en países de la región, el delito requiere de leyes más duras y castigos ejemplares.

Sin embargo, consideraron que los sistemas judiciales y legales y las sociedades de la región no están preparadas para la aplicación de la norma de la castración química de sentenciados por violencia sexual.

La funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Ana Gladis Ollas, aseveró que se trata de “un delito nefasto” que genera honda preocupación en este país por la elevada cantidad de casos.

“Si se considera mi papel de defensora de los derechos humanos, desde ningún punto de vista estaríamos de acuerdo con esta medida (castración química), pero también entendemos la gravedad del crimen y la necesidad de una ley más drástica que sirva como disuasivo”, enfatizó.

Citó el caso de Guatemala, donde “es preocupante la frecuencia y ferocidad del crimen”, e indicó que la PDH recibió sólo en las últimas 24 horas tres denuncias de violación sexual contra menores de seis, ocho y 18 años de edad.

La Defensora de los Derechos de la Mujer de la PDH precisó que durante el primer trimestre del año la institución documentó mil 200 denuncias de casos de violación sexual en los que la mayoría de las víctimas fueron mujeres adultas.

Indicó que en lo que va del año se han registrado dos mil alumbramientos en mujeres de 15 años de edad en promedio, que corresponden en su mayoría a casos de violaciones.

Puntualizó que por tratarse de menores de edad -en muchos casos niñas de 14 años-, aún cuando se alegue consentimiento, constituyen delitos de violación que las autoridades correspondientes no investigan y aumentan la impunidad para violadores.

Ollas afirmó que en Guatemala la máxima pena para un atacante sexual es de 12 años de cárcel, pero muchas veces los autores del delito no son detenidos o procesados, lo cual incide en el creciente número de violaciones sexuales.

Aseveró que como representante de la figura de la institución del ombudsman de Guatemala no puede estar de acuerdo con la castración química de un violador, pero consideró apropiado aplicar penas más severas como prisión perpetua contra este tipo de criminales.

El coordinador del área jurídica de la Fundación Sobrevivientes (FS), Rodman Pérez, opinó que urge endurecer “al máximo” las penas contra los violadores sexuales por considerar que generalmente son sujetos perturbados y que ejercen violencia de manera habitual en su entorno.

Estimó sin embargo que la aplicación de una ley de castración química no garantiza que funcione como disuasivo del delito de violación o agresión sexual y ocurriría como en el caso de la pena de muerte que no influye de manera significativa en la reducción de índices del crimen.

La FS, cuyo trabajo es reconocido en Guatemala por los numerosos casos de autores de asesinatos y crímenes contra la mujer que ha llevado a tribunales, señaló que en todo caso se debe mantener confinado a un agresor sexual en prisión o en instituciones a cargo del sistema de justicia.

Recordó que en Guatemala un partido político minoritario presentó una iniciativa de ley similar al castigo de castración química contra criminales sexuales, pero los legisladores no han tramitado el proyecto que al parecer quedó en el olvido.




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