Friday 20 de January de 2017

Desenlace de un indebido proceso

     24 Jan 2013 03:30:00

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El caso controversial, mediático y polarizado en México sobre la ciudadana francesa Florence Cassez, se determinó por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votar a favor de la modificación al proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero y de esta manera otorgar el amparo llano y liso que dio la inmediata libertad a Cassez, y no la reposición del procedimiento como se asentaba en el proyecto.
El debido proceso legal es parte de los derechos fundamentales que otorga nuestra Constitución a todas las personas, nacionales o extranjeros, cuya finalidad es reducir desigualdades entre los individuos y las autoridades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido proceso legal se refiere al “conjunto de requisitos que pueden observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionador o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”.
Se pusieron al descubierto las actuaciones de la autoridad, todo bajo un indebido proceso, contrario a los derechos que otorga la Constitución; los términos “sin dilación alguna” debe interpretarse como el tiempo estrictamente necesario para que la autoridad ejecutora se traslade desde el sitio donde fue practicada la aprehensión, hasta el lugar donde debe entregar al detenido. Si la puesta a disposición excede de ese tiempo y como en este caso, se le niega el derecho a la asistencia consular, de forma automática, se configura una detención ilegal y arbitraria, lo cual vicia el procedimiento, se genera incertidumbre, y ante la duda, esta la absolución.
Los derechos fundamentales según Luigi Ferrajoli, representan “las leyes del más débil”. La situación de mayor “debilidad” al cometerse un hecho delictivo es la víctima, pero lo será el acusado al momento de celebrarse un juicio penal y el interno o condenado cuando se lleva a cabo la ejecución de una medida privativa de la libertad. Los derechos fundamentales dentro del proceso penal tienen plena justificación y no se trata de simples “protecciones a los delincuentes”.
Culpable o no, queda claro que sus derechos fueron violados y el debido proceso no ocurrió. Los responsables fueron las propias autoridades, hicieron víctima a la posible culpable, sin duda la reposición del proceso hubiera sido una salida en la que se afectara menos a las víctimas; ahora, este caso será punta de lanza para exigir se respeten las garantías de seguridad jurídica como parte de los derechos humanos de todas y todos.

*Presidente de Jóvenes Comprometidos A.C.
Twitter: @jfdelreal




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