Friday 20 de January de 2017

Destituyen de nuevo al secretario del Consejo Electoral de Sonora

     1 Jul 2011 21:12:41

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HERMOSILLO, SON.- El pleno del Consejo Estatal Electoral (CEE), por acuerdo de mayoría, aprobó la remoción del secretario del organismo colegiado, porque incurrió en una serie de incumplimientos e irregularidades.

En sesión extraordinaria celebrada hoy, con cuatro votos a favor y uno en contra, se decidió separar el cargo a Hugo Urbina Báez, quien apenas el pasado 20 de junio había sido restituido en el puesto, del que había sido dado de baja el 27 de mayo pasado.

El cargo es ocupado a partir de hoy por Leonor Santos Navarro, quien resultó electa de una terna de propuestas.

El 2 de octubre de 2009, el pleno del CEE designó a Urbina Báez como secretario del organismo, pero el 27 de mayo de 2011 mediante el acuerdo número 10, determinó por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes el removerlo del puesto.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el 15 de junio pasado su restitución como secretario, al considerar que en el acuerdo se omitió expresar las razones, motivos o explicaciones por las que fue removido.

El 20 de junio pasado, en cumplimiento a la sentencia del TEPJF, el Consejo Estatal Electoral acordó restituir a Urbina Báez en el cargo.

Para sustentar las irregularidades encontradas en su función como secretario del órgano colegiado, el Consejo presentó al menos doce motivos que obligaron a determinar de nueva cuenta su remoción del cargo.

Entre las causales para la remoción de Urbina Baez están la omisión de actuaciones procesales, resistencia a cumplir instrucciones para cumplimentar acuerdos del órgano electoral y modificaciones del sentido de las intervenciones en las sesiones del Consejo.

Asimismo, incurrió en incumplimiento de funciones, pretensión de modificación de registro en el libro de gobierno, alteración de hechos y uso indebido de la fe pública, así como falta de certeza en actuaciones y desconfianza en las mismas.

Además, hubo omisión en sus obligaciones en las sesiones del pleno, incumplimiento de plazo para notificar, actuaciones tardías que favorecen a las partes interesadas, integración incompleta de expedientes remitidos a la autoridad jurisdiccional y desacato a la autoridad.




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