Friday 20 de January de 2017

El desprecio a la ley

     22 Jan 2013 03:30:00

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En la víspera  de la visita de Peña Nieto a Zacatecas, el gobernador anunció una reducción de sus honorarios en un 10%, esta actitud se percibió por demás demagoga, arbitraria y despótica.
Alonso Reyes me recordaba a la dinastía borbónica en España, cuando todos sus actos principescos los ajustaban a la vanidad y al simbolismo personal, desdeñando la rectitud de la ley.
Justificar la reducción de sus percepciones, para dar muestras de austeridad en el gasto público estatal, sin ajustarse al decreto de los salarios máximos, es embustería y demagogía pura.
Al poner por encima un acto personalísimo por encima de la ley es atentar contra la inteligencia del pueblo y contra la dignidad de los otros dos poderes del Estado.
El principio de legalidad, no se aplica solamente para los gobernados. También los funcionarios deben asirse a ello y, consiste en hacer aquello lo que la ley mandata o faculta.
De tal manera que si los actos jurídicos políticos de Alonso no tienen sustento legal, es pernicioso pensar que el gobernador privilegia por encima de la ley sus actos despóticos.
De inmediato que dio esta noticia el Ejecutivo de reducirse su salario, no faltaron los actos monárquicos de otros alcaldes para imitar sus actos, quedando en ridículo para la historia.
Precisamente una de las causas del endeudamiento del estado de Zacatecas, como el de Coahuila para poner un ejemplo ha sido el descarado gasto que se ejerce de manera discrecional.
Más del 60% del presupuesto de egresos se va en cubrir las abultadas y caras nóminas, en gasto corriente, telefonía celular, viáticos y los innecesarios gastos de representación.
El gasto mal orientado a retribuido ganancia y activismo político para los gobernadores, pero ha sido la causa de los recurrentes déficits que a la postre se convierten en deuda pública.
Los altos emolumentos burocráticos que sin límite alguno se ejercieron  en los dos sexenios del PRD y que se siguen dando con el PRI, no podrán detenerse si no se observa y se respeta el principio constitucional de “los salarios máximos”.
El gobernador debe 99 mil pesos por mes, los diputados 83 mil, los magistrados 70 mil, los ediles de Fresnillo, o Zacatecas,  50 mil pesos cada uno. Los presidentes de Río Grande, Jerez o Sombrerete 35 mil pesos, los ayuntamientos menores no deben de ganar más de 20 mil pesos.
El decreto aporta el principio constitucional y, los poderes del Estado y los municipios aportaran la regla para ajustarse sus salarios, sin rebasar los límites que el legislativo formuló.

*Maestro en Derecho Constitucional
sergio16garcia@gmail.com




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