Monday 23 de January de 2017

El Estado y los manifestantes

     16 Dec 2011 04:00:00

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Desde el pasado lunes he venido leyendo y escuchando información derivada de los lamentables acontecimientos donde dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, perdieron la vida, desenlace trágico de las movilizaciones que  los normalistas venían realizando para exigir que el gobierno de Guerrero resolviera conflictos internos que tenían paralizadas desde un mes atrás las actividades académicas.
Los medios de comunicación han venido dando cuenta del obvio repudio a la represión de que fueron objeto los estudiantes; de los reclamos sobre el actuar de las autoridades y la exigencia de  una minuciosa  investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
De igual manera han evidenciado la descoordinación y falta de capacitación de los cuerpos policiales para enfrentar una situación, como la que se presento en la autopista del sol,  sin poner en riesgo la integridad tanto de los involucrados, como  de personas ajenas al conflicto.
Sin embargo, lo que llama la atención, es la postura de la sociedad que vierte señalamientos severos no en contra de las autoridades sino en contra de los estudiantes, resulta sumamente  preocupante observar a una sociedad cada vez menos tolerante, que aprueba el uso de la violencia y que incluso se atreve a justificar que en una acción que pretende disolver una manifestación se realicen disparos y se empleen golpes para someter.
Muchos comentarios giran en torno a señalar que las demandas de los estudiantes estaban fuera de lugar, que el secuestro de autobuses, el bloqueo al libre tránsito de los demás, el incendiar una propiedad privada, herir a un trabajador y poner en riesgo la vida de cientos de personas; justifica el uso de la fuerza y las consecuencias inherentes a ello.
Claro está que es inadmisible la actitud de los estudiantes, tanto en lo que corresponde a sus demandas sin razón, porque es claro que sus exigencias no estaban basadas en el respeto a sus derechos, sino en la obtención de beneficios a capricho; como en cuanto a las acciones emprendidas para obtenerlas; estrategias que lejos de motivar un sentimiento de solidaridad en la ciudadanía, ha generado rechazo.
Pero igualmente inadmisible es la reacción de la autoridad, pues aún y cuando sea reprobable que en uso de un derecho se trasgredan los de otros, ésta  debe hacer valer los derechos de la ciudadanía a través de los mecanismos que la propia ley establece;  garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos.
 La postura unánime debe ser de desprecio al abuso de la fuerza por parte del Estado, nada justifica la violencia, la negligencia ni el autoritarismo; exigiendo que ante cualquier situación las autoridades tutelen su actuar,  estrictamente en el derecho.

*Docente Investigadora de la UAZ




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