Friday 20 de January de 2017

El martillo de las brujas

     7 Oct 2011 04:00:00

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Afirma el ilustre penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni que, el texto fundador del derecho penal, lo fue un manual publicado por la inquisición en 1546 bajo el título: “El martillo de las brujas”, dedicado a justificar diversos castigos en contra de las mujeres, así como a demostrar la inferioridad biológica de estas respecto de los hombres.

Año 2011. Han retornado los viejos inquisidores encarnados en un presidente, ministros de justicia y religiosos, gobernadores, diputados y diputadas, así como en algunos miembros de la sociedad civil que se dicen representar las buenas consciencias y las buenas costumbres.
Han renacido nuevos torquemadas, exigiendo castigo a las mujeres que se atrevan a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos.
 Debemos hacer un llamado a los diputados y diputadas de la 60 legislatura para que, en principio, se opongan con su voz y con su voto a la iniciativa (seguramente inspirada en "El martillo de las brujas") que pretende reformar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado y, motivarlos para que  reformen el capítulo del aborto que, conservando su estructura original que data de 1967, criminaliza la pobreza en las mujeres.
 Sin entrar al asunto de la despenalización del aborto que, por ahora hace complicado este debate ante el proceso electoral que se avecina; es deseable que, cuando menos, se analicen y se deroguen del Código Penal, las hipótesis de orden medieval que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, permanecen en nuestra intocada legislación penal.
 El artículo 332 del Código Penal del Estado de Zacatecas, refiere una pena corporal de 6 meses a un año a la mujer que interrumpa su embarazo intencionalmente y que además: no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que el producto abortado sea de unión ilegítima. Si falta alguna de estas circunstancias  la pena será de 1 a 5 años. En el primer caso se trata del llamado aborto “honoris causa” y en el segundo del aborto genérico.
¿Imagine a una mujer, ya dañada por el proceso penal, tratando de acreditar que tiene “buena fama”? Por más que he buscado una definición objetiva de buena fama, no la he encontrado. ¿Por el apellido?, ¿por la escuela donde estudia?, ¿por la colonia donde vive?, ¿por el dinero de los padres?, ¿por la falda hasta el huesito?
No siendo suficiente que acredite la “buena fama” ante un juez de no muy buena; en seguida debe demostrar que ¡logró ocultar su embarazo! Esto es, que tuvo recursos económicos para encerrarse en su domicilio, ajena a la vista de la gente decente o, para viajar a otra ciudad a ocultar lo inocultable (el amor y la tos no pueden ocultarse, dice un refrán popular).
Con la venia sagrada, logró aquella infortunada mujer acreditar la buena fama y también que ocultó el embarazo, pero si es casada de nada le ha servido, porque el producto abortado debe ser ¡ilegítimo! Oscurantismo puro: si el producto abortado deriva de unión matrimonial, entonces tiene más valor el bien jurídico vida y la pena será de 1 a 5 años, pero si el producto no es de matrimonio el valor del bien jurídico es menor y la pena será de 6 meses a un año. ¿Mayor absurdo?
Sin embargo, de todos los males, algo razonable se dice tiene el Código Penal al respecto, cuando establece que no es punible el aborto producto de violación. Así, sin más.
Hace días declaraba el Doctor Raúl Estrada Day, titular de los Servicios de Salud del Estado, que los médicos zacatecanos no estaban en posibilidades de practicar abortos por violación, y tiene razón. El sólo enunciado de la ausencia de pena por violación no es suficiente. Es imprescindible una verdad legal que establezca que la hubo y que el juez autorice el aborto. De no ser así, el médico incurre en delito.
Si esperamos la verdad legal que determine por un juez la existencia del ilícito de violación; aún en la hipótesis de que el violador sea detenido y sujeto a proceso y en tanto transcurre la primera y segunda instancias y el amparo directo (dos o tres años), cuando el aborto producto de violación se autorice, el niño ya asiste a la escuela y ¡como se parece al violador¡
No es difícil para el caso integrar la presunción de violación con el simple ejercicio de la acción penal por el ministerio público, con lo que la mujer ultrajada podría acudir al juez con prontitud para solicitar la autorización del aborto.
Un debate patriótico “para resarcir a las mujeres ultrajadas y a la República maltrecha”, pide el jurista Diego Valadés.

*Profesor universitario




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