Tuesday 17 de January de 2017

Equidad en la contienda electoral

     23 May 2012 04:00:00

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Uno de los elementos principales para garantizar la equidad en la contienda electoral en los procesos electorales federales y de los estados coincidentes con la federal, lo constituyen sin duda las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, cuyo fundamento lo encontramos en los artículos 41 Base III, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La suspensión consiste en que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales de los partidos políticos y coaliciones, y hasta el día que se lleve a cabo la jornada electoral que corresponda, en este caso del 31 de marzo al 1 de julio del 2012, se debe suspender la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, del Distrito Federal y sus delegaciones, así como de cualquier ente público. La intención de esta prohibición es evitar que puedan influir en las decisiones o preferencias de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado candidato o candidata, o partido político o coalición alguna.
Existen casos de excepción al respecto, que son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Esta propaganda debe cumplir ciertos requisitos para ser considerada como de excepción.
El primero es que deberá tener carácter institucional, es decir, que no debe difundir logros de gobierno, obra pública, o emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía; el segundo establece que en su contenido se debe limitar a identificar el nombre de la institución, esto es, no incluir frases, imágenes, voces o símbolos que puedan constituir propaganda política o electoral ni logotipos o cualquier referencia a campañas institucionales, a gobiernos ni elementos de propaganda personalizada de algún servidor público.
Así, atendiendo a los conceptos de educación, protección civil y salud, se exceptuará la propaganda que para la asistencia pública emita la Lotería Nacional, la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México, la campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales; también entran las campañas difundidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de prevención de accidentes, entre otras.
El 18 de abril del año en curso, el Instituto Federal Electoral resolvió una queja (CG234/2012) que presentó el PRI contra el Presidente de México, Felipe Calderón; el jefe del Servicio de Administración Tributaria; el director general de Pemex; el PAN, así como diversos funcionarios de estos entes públicos, por haber publicado un desplegado en el periódico Reforma en el que expresamente se señaló y difundió el nombre de  Felipe Calderón y por el envío de un mensaje mediante correo electrónico y correo postal, de una carta suscrita por el Presidente, en la que presuntamente utilizó recursos públicos y promovió la imagen del titular del Poder Ejecutivo Federal.
La autoridad electoral decretó la suspensión de la difusión de los mensajes y determinó que si existió responsabilidad por parte funcionarios públicos, entre ellos Felipe Calderón, ya que la carta fue emitida por la Presidencia de la República, no fue meramente informativa e incluyó elementos de propaganda personalizada hacia un servidor público en la que se difunden logros del Gobierno Federal, carta que incluso estuvo firmada por el titular del ejecutivo.
También fue signada por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, ya que participó en la elaboración, emisión y distribución de las misivas, al igual que funcionarios de la Presidencia de la República, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Servicio de Administración Tributaria por su participación en la difusión de la mencionada propaganda.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió a la defensa del Presidente de la República y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, impugnando la decisión del IFE, ya que según su interpretación, no representa una violación a la legislación electoral, y a que el Servicio de Administración Tributaria quedó exento de tal restricción sobre propaganda; la inconformidad fue turnada al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, quien será el encargado de dilucidar si existe responsabilidad.
Entre el derecho de acceso a la información de la ciudadanía en conjunto con la obligación de informar por parte de los poderes públicos, dependencias, órganos autónomos y cualquier otro ente público de los tres niveles de gobierno, y el respeto a los principios establecidos en la Constitución sobre propaganda gubernamental en procesos electorales, existe una línea divisoria muy pequeña, que sin embargo, es necesario respetar para garantizar las condiciones de equidad para partidos políticos y coaliciones. Entonces esperemos la decisión del magistrado del TEPJF.

*Doctora en Derecho y consejera
presidenta del IEEZ
soto@itesm.es




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