Thursday 19 de January de 2017

¿Es posible un proceso electoral sin libertad de expresión?

     29 Feb 2012 04:00:00

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La respuesta es así de inmediata, tal como usted la ha pensado: No. No es posible un proceso electoral en el que la ciudadanía tenga que guardar silencio y sea transformada en simple receptora de la opinión y propuestas de candidatos y candidatas.
El proceso electoral es el único mecanismo posible para que la ciudadanía ejerza el derecho inalienable de elegir a quienes deben ejercer el poder público.
El proceso electoral es una función del Estado que permite la organización, en un sistema legal y administrativo, de las actividades y etapas que tienen como momento fundamental el día de la elección, la recepción y conteo de los votos. Es esta emisión de sufragios la única vía que legitima el ejercicio del poder público.  
Para hablar de vida democrática, por lo menos en su concepción limitada a los procesos electorales, es necesario que el ejercicio del poder público se derive de la decisión mayoritaria de los electores. Pero no puede surgir de cualquier elección, es necesario que las elecciones sean libres, competitivas, con certeza jurídica y en condiciones de equidad.
Una elección competitiva es aquella en la que el voto de todos los ciudadanos es valorado idénticamente y todos tienen igual acceso a las opiniones de la competencia electoral.
Otro elemento esencial de un proceso electoral constitucionalmente democrático es el respeto a los derechos fundamentales, entre estos, la libertad de expresión, de reunión y de asociación. La posibilidad de que la ciudadanía exprese de manera libre su sentir respecto de su preferencia en la contienda electoral deviene indispensable para la conformación de la llamada “opinión pública” y esta es parte de la base que se considera en el momento de emitir el voto. Sin la conformación de esa masa de opiniones, que pueden ser divergentes, y sin la valoración de la opinión pública, no estaremos en presencia de un voto debidamente informado.
El Estado tiene una obligación de “no hacer”; es decir, debe abstenerse de realizar cualquier acto que impida a la persona el disfrute de sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta obviedad se ve contrastada con una realidad jurídica electoral que pretende limitar, en aras del cumplimiento de una reforma electoral, esta garantía sustancial.
Las anteriores reflexiones tienen su origen en la sanción que el Consejo General del IFE, el 22 de este mes, impuso al pugilista Juan Manuel Márquez, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El TEPJF determinó que el uso del emblema del PRI en el pantalón corto del boxeador constituyó la difusión de propaganda política en Michoacán, cuando se encontraba en curso el proceso electoral y que por lo tanto, se había configurado la adquisición ilegal de tiempos en televisión fuera de las pautas ordenadas por el IFE, lo que debía ser sancionado pecuniariamente.
Por guardar relación con el tema, me referiré a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, que concibe una nueva forma de interpretar y aplicar tales derechos en México.
A partir de esa reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos fundamentales y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.
El artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; asimismo, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Es por ello que la resolución del TEPJF toca aspectos de análisis como: 1) La determinación para que el IFE impusiera una sanción monetaria a un ciudadano por portar el emblema de un partido político, lo que se consideró constituía difusión de propaganda política en un tiempo no permitido. Y 2) Qué debe considerarse como un “verdadero” ejercicio periodístico.
Temas que se entrelazan, sin duda, con la libertad de expresión, en cuya ponderación debe observarse el principio de interpretación pro personae. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, los tribunales deberán elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, se debe elegir aquella que proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
La libertad de expresión en materia electoral es una cuestión de la mayor relevancia para el sistema de partidos en México, para la forma en que se hace política en nuestro país y en sí, para el devenir de la democracia misma.

*Doctora en Derecho y consejera presidenta del IEEZ
soto@itesm.es
 




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