Sunday 22 de January de 2017

¿Estado laico o Estado de sitio?

     5 Oct 2012 04:00:00

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Dos fotografías aparecidas en primera plana del periódico La Jornada, correspondiente a la edición del miércoles 3 de octubre anticipan la directriz política de este gobierno local: la complacencia, docilidad y entrega hacia sectores que pueden proporcionar raja política, pero también la intolerancia y acallamiento a las legítimas expresiones sociales.

Por un lado se aprecia a un grupo de policías de pie, equipados con casco, escudo y tolete; en tanto,  sentados en el adoquín frente a la catedral, estudiantes con mochila a la espalda, portando carteles con leyendas varias, aunque en manifestación pacífica y a quienes los policías les impiden el paso.
Al margen superior derecho, se observa al gobernador Alonso acompañando al recién designado obispo, caminando ambos por una de las calles del centro histórico y según la crónica periodística: con el cierre de calles y un fuerte dispositivo de seguridad .
“Las iglesias de todos los cultos son sociedades especiales creadas para la consecución de una determinada categoría de fines: los fines religiosos. Están fuera de su alcance todos los demás propósitos humanos, cuya competencia pertenece al Estado como instrumento de ordenación jurídica y política de la sociedad o a las corporaciones especiales que dentro de él operan al amparo de sus leyes”, dice Rodrigo Borja (Enciclopedia de la política FCE).
El Gobierno del Estado organizó la bienvenida al nuevo obispo: facilitó la banda de música, protegió a los jerarcas de la iglesia con un fuerte dispositivo de seguridad, pagó a costa del erario los pendones para el recibimiento (estampados con el logotipo oficial de este gobierno) y finalmente cerró las calles para el paso del recién ungido.
El Gobierno del Estado organizó la mal venida a los jóvenes que se manifestaban conmemorando el genocidio del 2 de octubre de 1968: facilitó los cuerpos policiacos para intimidarlos y bloquearles el paso, desprotegió a los jóvenes dejándolos a su suerte y a la buena voluntad de los policías; pagó a costa del erario el mal recibimiento y finalmente cerró las calles para evitar el paso de los recién esperanzados del Yo soy 132.
Es correcto, sin lugar a duda, el buen trato que se da a una institución como la Iglesia Católica, tal cual debe darse a cualquier otra. Es indispensable la cobertura de seguridad brindada a la jerarquía eclesiástica; pero es también la juventud merecedora de la misma disponibilidad por parte del gobierno. El derecho de expresión y manifestación debe ser garantizado y respetado si de democracia y de demócratas hablamos.

Candidaturas ciudadanas: una historia de temores
La Legislatura Federal, como se sabe, integró en agosto pasado el derecho de los ciudadanos para contender en elecciones sin el requisito otrora necesario, de hacerlo mediante algún partido político.
La Legislatura del Estado hizo como que legislaba en materia de derechos cívicos y emitió  una minuta donde supuestamente elevaba a rango constitucional el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular (realmente consagrados desde 1998). Disminuyó el número de regidores de los ayuntamientos y copió el mecanismo de asignación de votos a los partidos en coaliciones, tal cual se establece para elecciones federales.
La novedad, aunque no para bien, consiste en haber determinado en el marco de la Constitución Política del Estado un porcentaje de un 40% del total del padrón de electores para que el resultado de la consulta popular sea vinculante; esto es obligatorio para el gobernante.
Una cifra tan alta que sería cercana a los 500 mil empadronados, es indudablemente casi imposible de lograr. Peor resulta, al no distinguirse entre plebiscito estatal, municipal o comunitario.
Al haberse excluido el asunto de las candidaturas ciudadanas, los jóvenes del Yo soy 132 y el movimiento Democracia ¡Ya! presentaron una iniciativa que inclusive fue firmada por varios diputados. Iniciativa que fue leída en tribuna por el diputado Álvarez Máynez.
Previo acuerdo entre los diputados, estos determinaron la imposibilidad de subir la iniciativa a debate y aprobación en su caso ¡por falta de tiempo!
¿Cuáles son en el fondo los verdaderos motivos que influyeron en los diputados para negarse a legislar sobre la libre participación ciudadana? Se puede deducir de las diversas opiniones que los propios diputados han dado.
Que no están preparados los ciudadanos sin partido para ocupar cargos públicos dijo uno. Que no cualquier hijo de vecino va a ser candidato dijo otro. Que no hay las condiciones legales expresó uno más.
De perfil a perfil. ¿No habrá entre los ciudadanos sin partido mejores perfiles para ocupar el cargo de diputado que varios de los que ya lo son? ¿Y para sostener un debate?
Porque lo de cualquier hijo de vecino está resuelto si atendemos a la opinión del maestro Francisco Valerio, en el sentido de que sólo no es hijo de vecino el que haya nacido en medio del desierto. O sea que todos somos hijos de vecino, incluidos los diputados.

*Profesor universitario




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