Monday 23 de January de 2017

Gastó la UAZ 5.7 millones de pesos en cuatro exrectores

Los pagos ascienden a 5.7 millones de pesos

     9 Jul 2012 04:00:00

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la UAZ revelar la información que en el 2009 un ciudadano le solicitó respecto a los recursos que recibió Alfredo Femat, mientras fue rector y lo correspondiente a las jubilaciones de los exrectores, Virgilio Rivera, Jorge Hiriart y Rogelio Cárdenas.
Mediante un comunicado, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) informó que la máxima casa de estudios pagó a los exrectores un total de 5 millones 702 mil 55 pesos durante los periodos que se solicitó fueran informados.
Es decir, del 2004 al 2008 Femat recibió 2 millones 794 mil 136 pesos, mientras que por concepto de jubilación, del 2005 al 2009, Virgilio Rivera cobró 1 millón 185 mil 740 pesos.
En el mismo lapso, Jorge Hiriat y Rogelio Cárdenas obtuvieron 767 mil 839 pesos y 981 mil 340 pesos, respectivamente.
El caso inició cuando la Unidad de Enlace de la Universidad negó a Ulises Guillermo González los datos que consideró como privados, por lo que este acudió a la CEAIP para que lo apoyará mediante la Ley de Acceso a la Información.
Para evitar acatar lo mandatado, mediante su abogado Miguel Rodríguez la UAZ consiguió dos amparos ante los tribunales locales.
Sin embargo, en febrero del 2010 la SCJN atrajo el caso que resolvió a favor de González el 6 de julio de este año.
La Suprema Corte de Justicia determinó que los datos negados no son privados, sino públicos, por lo que este hecho se constituye en un precedente para posteriores negativas de acceso a la información por parte de universidades públicas en el país.
Al respecto, el presidente de la CEAIP, Jaime Cervantes Durán, aseveró que el caso de la universidad representa un avance en materia de transparencia para toda la República.
Destacó que con esta determinación los institutos de educación superior públicos no podrán negar de ahora en adelante la información referente a salarios, bonos y compensaciones que reciban sus rectores o altos funcionarios, bajo el argumento de datos privados, dice el comunicado.




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