Thursday 19 de January de 2017

Giran orden de aprehensión contra exedil de Cuernavaca

     7 Feb 2013 20:32:12

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CUERNAVACA, MOR.- El Juzgado Primero de Distrito giró una órden de aprehensión contra el exalcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós, por haber incurrido en la violación de una suspensión concedida a la empresa Promotora Ambiental (PASA).

Cabe señalar que PASA inició operaciones en Cuernavaca en el año 2006 y firmó un contrato por 20 años con la ciudad, para prestar el servicio de recolección, transportación y destino final de la basura que se genera en la capital morelense.

De los implicados, Manuel Martínez Garrigós, actualmente diputado local, goza de fuero constitucional, por lo que el Ministerio Público Federal presentará al Congreso la petición de desafuero y la empresa regiomontana pedirá a los diputados que inicien el juicio de procedencia contra el ex edil para que enfrente el proceso penal.

En agosto de 2011 el Ayuntamiento de Cuernavaca suspendió el pago y la concesión otorgada por 20 años a PASA, por lo cual la empresa inició un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, quien le concedió la suspensión contra cualquier orden oral o escrita para suspender actividades de prestación de servicio de recolección, traslado y disposición de residuos, y caducar, revocar, rescindir o terminar anticipado título de concesión.

Después, el juzgado se declaró incompetente para conocer el juicio de amparo y lo envío a Morelos, donde el Juzgado Primero de Distrito admitió competencia del juicio, dentro del cual se promovió el incidente de violación y en octubre de 2011 resolvió que el Ayuntamiento violó la suspensión federal concedida a PASA, por lo que dio vista al Ministerio Público Federal para iniciar el procedimiento correspondiente.

Paralelamente, la empresa inició una demanda civil por daños y perjuicios ante un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, que sigue su curso.

Cabe señalar que de ser encontrados culpables, los exservidores públicos podrían ser sancionados con hasta ocho años de cárcel e inhabilitarlos para ocupar cargos. De momento podrían recurrir a un amparo o pagar una caución para enfrentar el proceso en libertad.




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