Wednesday 18 de January de 2017

Guadalupe: el derecho a la ciudad

     4 Oct 2012 04:00:00

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Pensar que la historia ha llegado a su fin es un acto de soberbia e ignorancia. Hoy, después de siglos de luchas y avances tecnológicos extraordinarios, muchos seguimos pensando en la necesidad de ampliar derechos. Creemos que todos tenemos derecho a amar y ser amados, independientemente de nuestra preferencia sexual. También pensamos que todos tenemos derecho al agua, más allá de nuestra condición económica.

Creemos que todos tenemos derecho a ser votados, aunque no queramos permanecer en ningún partido político.
Y también creemos que tenemos derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad?
Para hacerlo, vale la pena hacer un repaso breve de la evolución demográfica de nuestro mundo. En 1750, apenas el 4.8% de la población vivía en localidades con más de 5 mil habitantes y en 1950, ya era del 29.1% la población la que vivía en ese tipo de localidades.
Sin embargo, en los últimos 50 años el ritmo migratorio creció, y actualmente más del 50% de la población vive en localidades netamente urbanas.
En México, por ejemplo, en 1950 apenas el 42.6% de la población vivía en localidades rurales. El porcentaje de mexicanos que viven en áreas urbanas es hoy de 77.8 por ciento.
A ello debemos sumarle que la población total casi se triplicó a nivel mundial en los últimos 60 años, mientras que en México se cuadruplicó.
Es decir: mientras hace 6 décadas había 800 millones de personas (y 10 millones de mexicanos) viviendo en localidades urbanas, en la actualidad hay casi 3 mil 500 millones de personas (y 85 millones de mexicanos) en esa condición.
Esas transformaciones han implicado que la lucha por derechos y por la equidad se haya trasladado a la ciudad.
Actualmente, mientras hay personas (una minoría) que viajan en automóviles contaminantes rápidamente a sus trabajos, escuelas y lugares de recreación, la inmensa mayoría tiene que utilizar transporte público, que casi siempre es ineficiente, lento e inaccesible para los ciudadanos con bajo ingreso.
Mientras hay grupos minoritarios que acceden a parques y clubes privados donde se realizan actividades sociales y deportivas, la inmensa mayoría vive en fraccionamientos que carecen de espacios públicos de recreación y cuyas viviendas generan condiciones de hacinamiento (como los pies de casa de 26 metros cuadrados en la Colonia Progresistas o las que tienen techos de cartón en Tierra y Libertad).
Mientras los supuestos servicios públicos tienen que ser garantizados a las grandes compañías (como la cervecera y las mineras de Zacatecas), las colonias populares sufren de desabasto, fugas y falta de alumbrado.
De esa injusta realidad surge el derecho a la ciudad, que significa la posibilidad de que todos podamos usar y disponer equitativamente de derechos educativos, políticos, ambientales, civiles, sociales y culturales que tengan lugar en el espacio público. Sea de forma individual o colectiva.
El derecho a la ciudad significa empujar a las autoridades a respetar e incluso a promover, la participación y la organización de la sociedad para poder ejercer estos derechos en su ciudad.
Cuando se construyen parques públicos, se promueve el derecho a la ciudad.
Cuando la obra pública atiende necesidades sociales a partir de presupuestos participativos, estamos ejerciendo nuestro derecho a la ciudad.
Hay derecho a la ciudad cuando el transporte público es privilegiado por encima del privado y cuando se promueven medios alternativos no contaminantes, como la bicicleta.
También estamos defendiendo el derecho a la ciudad cuando logramos que los servicios públicos atiendan de forma igualitaria y sean gratuitos para quien más lo necesita, a cambio de contribuciones progresivas de quienes pueden pagarlos.
Lo que tenemos en Guadalupe: es una negación del derecho a la ciudad.
Los impuestos y los cobros son mayores para las clases medias y las familias en extrema pobreza, mientras que la obra pública y los servicios privilegian a los lugares más desarrollados y céntricos.
El Ayuntamiento gastó más en remodelar las oficinas de los regidores que en comprar útiles escolares para las familias de escasos recursos.
Se “donan” grandes extensiones de terreno para inversión de capital trasnacional, pero a las colonias y a las comunidades le son arrebatadas sus áreas verdes.
La policía local intimida a los ciudadanos y coopera con el crimen organizado, en vez de darle confianza y seguridad a los habitantes.
El reto es transformar esa visión. El reto es hacer valer el derecho a la ciudad.
Miente quien diga que los gobiernos locales no deben tener ideologías. La ideología debe ser una: luchar por el derecho a la ciudad de los excluidos.

*Diputado local




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