Tuesday 17 de January de 2017

Impacto

Tren Parlamentario

     27 Feb 2013 03:20:00

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La noticia de la detención de la maestra Elba Esther Gordillo Morales ha cimbrado anoche  los territorios del Congreso de la Unión como acaso un viento huracanado sacude a las costas y las montañas. Y arrancó, de cuajo cual si fueran árboles acometidos por la borrasca, todas y cada unas de las noticias que durante el día había generado la actividad parlamentaria de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Nada de lo que ayer se decidió legislativamente en ambas Cámaras, como tampoco nada de lo que diputados y senadores produjeron desde la función de control político (había comparecido en el Senado, para su ratificación, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb), causó tanto impacto como la noticia aquella, en voz del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que Elba Esther acababa de ser apresada hacía unos minutos (6 de la tarde) al pie del avión que la traía de San Diego, en el aeropuerto de la ciudad de Toluca.  
Hacía más de tres horas que las dos Cámaras habían concluido sus sesionares respectivos. En San Lázaro, el Pleno había votado aprobatoriamente dos dictámenes de reformas de leyes secundarias: en una la asamblea incorporó mandatos jurídicos para que a las parteras tradicionales y técnicos de la salud se les capacite y coadyuven al sector salud a prestar “una mejor atención durante el embarazo, el parto y el puerperio". Y en la otra el Pleno reformó la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en la que se definió jurídicamente que la juventud física en México corresponde al rango de edades entre los 12 y los 29 años de edad.
En el Senado, el asunto fuerte correspondía a la función de control político. En diciembre, cuando el Congreso General aprobó las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que planteó un rediseño de las funciones de los despachos presidenciales, y aún la creación de nuevas figuras administrativas y políticas como la del Comisionado Nacional de Seguridad,  la oposición ganó la partida al PRI y a su rémora, el PVEM, obligando al Ejecutivo a tener que abrirse a la ratificación por parte del Senado de quien propusiese como titular del Comisionado Nacional de Seguridad.
Y en eso consistió el asunto principal del día, este martes, en la Cámara de Senadores. El Ejecutivo Federal, no sin pujidos, había acatado la ratificación del Poder Legislativo de Manuel Mondragón y Kalb.  
Con pujidos porque la Secretaría de Gobernación hizo acotaciones en el oficio que a propósito del nombramiento y ratificación de marras, turnó al Senado. Un oficio en el que sostenía que la comparecencia “es a cautela”.
Esta frasezuela de tres palabras había tenido el efecto de una patada en los tompiates, para algunos senadores de la oposición, como el perredista Alejandro Encinas, porque la asumían como una frase ensoberbecida y burlona hacia la función de control político del Congreso de la Unión, en diciembre engrosada con lo de la ratificación de marras.
La Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, con su “es a cautela”, pretendió advertir a la oposición en el Congreso que el mandato legislativo, de tener el Ejecutivo que sujetarse a una ratificación por el Senado, sólo sería pasajero en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación  resolviera la demanda de controversia constitucional que solicitó el PRI desde fines de diciembre pasado.  
El PRI ha argüido en su demanda de controversia que el Congreso está incurriendo en falta constitucional al obligar al Ejecutivo a tener que ir ante el Senado para que le ratifiquen al comisionado nacional de Seguridad y, además, a que el secretario de Gobernación tenga que informar personalmente a los senadores en torno de la política de seguridad pública del Gobierno Federal.
A pesar de que tirios y troyanos votaron en  favor del nombramiento de Mondragón y Kalb, en la tribuna, en el momento de los posicionamientos partidistas, prevaleció la nebulosidad con que nace esta nueva figura coercitiva del estado -la del comisionado, cuyo brazo ejecutor no será otro que la gendarmería, que ya gestan militares de tierra y mar-: “no quedan claras las facultades y atribuciones del comisionado y la gendarmería”.
En vivo y en cadena nacional Jesús Morullo Karam todavía, y entonces el diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra, aupado sobre el encargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, convocó raudamente a una conferencia de prensa. “Esta detención marca el estilo, que hay un estado de derecho y que hay un gobierno que las cumple", dijo Arroyo.
-¿Ya no la recibe con los brazos abiertos? -una reportera preguntó a Arroyo, que por la mañana había dicho, fiel a su sello de burlón, de que así la recibiría junto con los maestros, a propósito del conflicto entre gobierno y maestros por la aplicación de la reforma educativa. “Creo que no va a poder venir”, reselló Arroyo su modo de ser, “pero creo que donde la van a recibir con los brazos abiertos es en otro lado”.
El diputado federal del PRI Adolfo Bonilla Gómez (Fresnillo, Zacatecas) pergeña el prólogo de una iniciativa de reforma para que las empresas mineras del país paguen un derecho (impuesto) en beneficio a las comunidades donde están instaladas. Será una iniciativa conjunta con el también diputado priísta Marco Antonio Bernal, con quien analiza si el tema requiere  insertársele en la nueva Ley de Explotación Minera, que anunciaron en el Pacto por México, o si solamente se incluye dicho mandato jurídico en una fiscal, como la Ley Federal de Derechos.

vicentebello1@hotmail.com




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