Monday 23 de January de 2017

Impide el Poder Judicial sancionar a exfuncionarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la Ley de Responsabilidades

     5 Sep 2011 04:00:00

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El 12 de enero la exgobernadora pidió al contralor una ampliación del plazo para presentar pruebas a su favor.
El 12 de enero la exgobernadora pidió al contralor una ampliación del plazo para presentar pruebas a su favor.

“Si no hay sanciones es porque el Poder Judicial me lo impide”, aseguró el contralor, Guillermo Huizar Carranza, al referirse a los procesos administrativos levantados en contra de alrededor de 50 exfuncionarios, durante el primer año de la administración del gobernador Miguel Alonso Reyes.
Las anomalías han generado una deuda superior a los a 2 mil millones de pesos al gobierno estatal.
La promesa que se hizo en los primeros días del nuevo gobierno de erradicar la corrupción en el estado, mediante sanciones a exfuncionarios antes del primer informe no pudo cumplirse, debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), que impidió expresamente este hecho.
Huizar Carranza explicó que uno de los argumentos utilizados por la exgobernadora, Amalia García Medina, para ampararse de las tres observaciones que se le realizaron fue alegar que la Ley de Responsabilidades es inconstitucional.
En la norma se faculta a la Contraloría Interna para investigar la gestión de los trabajadores del estado e imponer sanciones en caso de detectar anomalías, pero se argumentó que no tiene validez, puesto que en el documento aprobado hace 10 años falta la firma del contralor de ese entonces, Jorge Hiriartt.
Fueron cinco los exfuncionarios que se ampararon en este hecho y cuatro de los casos se resolvieron a favor de la Contraloría por parte del Tribunal Colegiado de Zacatecas, como el de Félix Guzmán, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).
Sin embargo, Huizar Carranza puntualizó que cuando el quinto fallo estaba a punto de emitirse sobre el juicio de amparo de la exgobernadora, “de manera inexplicable” llegó un oficio de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el que la SCJN ejercía su facultad de atracción y decidía quedarse con la responsabilidad de emitir la resolución en el caso de García Medina.
“Hemos puesto todo en manos del Poder Judicial y la Suprema Corte me ha obligado a suspender la emisión de sanciones hasta que se resuelva de fondo esta última cuestión”, declaró el contralor.
Huizar Carranza dijo a Imagen que la semana pasada se reunió con los magistrados que llevan el caso de García Medina y que, a pesar de no fijar una fecha concreta, le comunicaron que la resolución se emitiría en próximos días.
Pese a no tener posibilidades de sancionar a los exfuncionarios que se ampararon -ocho de los 19 que en un primer momento se vieron involucrados en las irregularidades-, el contralor comentó que sí pueden emitir sanciones en contra de los que están en la fase de pruebas.
Aún así, añadió que no tendría sentido castigar sólo a uno de los grupos, puesto que si la ley se declara inconstitucional no tendrían validez ninguna de las sanciones.
Ya hay funcionarios de la administración pasada sancionados, agregó Huizar Carranza, pero no por los motivos que se esperaban, ya que las sanciones están relacionadas únicamente con inconsistencias en el cierre de su ejercicio.

El compromiso
Tras el cambio de administración, el Gobierno del Estado se comprometió a investigar el proceso de entrega recepción y a exponer conclusiones en 60 días.
Por este motivo, el 23 de noviembre de 2010 la Contraloría Interna expuso 35 observaciones derivadas de 23 auditorías realizadas a diferentes programas del Ejecutivo anterior y que involucran a 19 exfuncionarios.
Huizar Carranza destacó entre todas las irregularidades las tres que se le adjudicaron a la exgobernadora; es decir, el crédito de 300 mil pesos que solicitó a Banamex y nunca pagó y la utilización del erario para realizar préstamos a particulares.
Otra es la ampliación presupuestal por un valor de mil 800 millones de pesos a diversas dependencias como la Sedagro y las secretarías de Planeación Regional, Finanzas, Obras Públicas y la Junta Estatal de Caminos, entre otras.
El contralor nombró también las observaciones atribuidas a la Sedagro y que, por ende, involucran al extitular Juan Antonio Rangel, regidor de Fresnillo.
Se hallaron anomalías en el programa de mejoramiento genético, en el que se destinó un presupuesto de 75 millones de pesos para beneficiar a productores zacatecanos, quienes al recibir la visita de la Contraloría para comprobar si habían obtenido la ayuda, dijeron que no.
Las compras por licitación privada y adjudicación directa, cuyo valor asciende a más de 788 millones 500 mil pesos, con la suma de mil 700 contratos que realizó la Oficialía Mayor y su titular anterior, Eduardo Ruiz Fierro, también fue un paquete económico destacado por el contralor, debido a que se transgredió la ley que obliga a licitar públicamente todas las compras que superen los 500 mil pesos.
En el gobierno de García Medina, empero, la regla general era la adjudicación directa, mientras que la excepción era la licitación pública, expuso Huizar Carranza.

Más irregularidades
Aparte de los 19 exfuncionarios a quienes se les notificaron las observaciones antes de finalizar 2010, el contralor aseguró que de manera constante han aparecido más irregularidades cometidas en la administración pasada.
Desde el 23 de noviembre de 2010 se han practicado unas 30 auditorías que han señalado a más de 25 exfuncionarios diferentes a los indicados en la primera investigación.
El número de observaciones que se han realizado en 2011 es muy superior al publicado en noviembre del año pasado.
Pese a no dar cifras concretas, Huizar Carranza ejemplificó el hecho al nombrar que tan sólo en uno de los casos posteriores, y que fue el del extitular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), Víctor Infante González, se notificaron 84 observaciones, de las cuales 30 ya se han resuelto y 54 están sin justificar.
Entre las que han sido solventadas, el contralor destacó la realización de préstamos especiales, lo cual fue reconocido por Infante González.

El proceso sigue
A tres días del primer informe de gobierno, las sanciones no han llegado.
Sin embargo, Huizar Carranza declaró que los 19 expedientes que corresponden a cada uno de los primeros funcionarios involucrados están vigentes, en espera de la resolución de la Corte "respecto de un error del que no tienen nada qué ver ni el contralor ni el gobernador actual”.
Aunque los procedimientos lleven casi seis meses de retraso en comparación con los 19 primeros, muchos están a punto de concluir, ya que se encuentran en la fase de pruebas y alegatos, después de la cual ya cabe la posibilidad de imponer una sanción, dijo a Imagen el contralor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGM, perredista distinguida.




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