Saturday 21 de January de 2017

Impunidad, peor lastre del año, reconoce Huizar

Actos de corrupción no pudieron ser sancionados por la falta de una firma

     19 Dec 2012 03:40:00

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El contralor interno del Gobierno del Estado, Guillermo Huizar Carranza, declaró ante los diputados de la 60 Legislatura que Zacatecas vive en la absoluta impunidad.
Pese a que eso lo dijo en su comparecencia del 16 de octubre en el Congreso local, ante este diagnóstico el funcionario explica que ese será precisamente el reto de la nueva Secretaría de la Función Pública que sustituirá a la Contraloría Interna a partir del 1 de enero: acabar con la impunidad, cuyo ejemplo es el caso de la exgobernadora Amalia García Medina.
Asegura que como funcionario no vive en el pasado, sin embargo resulta inevitable remitirse al proceso que la Contraloría Interna inició para sancionar no sólo a la exmandataria por actos de corrupción, sino a cerca de 130 de sus colaboradores más cercanos.
Recuerda que, sin plantear en ningún momento la inocencia, la defensa legal de García Medina interpuso un recurso jurídico que se basó en la forma y no en el fondo.
El argumento fue que no se le podía aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos debido a que esta carecía de la firma del contralor interno que la promulgó hace 11 años.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados fallaron a favor de la exgobernadora perredista.
Si bien hasta ese momento el fallo representó un fracaso legal para la administración estatal, el mayor problema, derivado de dicha resolución, se dio cuando el resto de los exfuncionarios comenzaron a interponer amparos que los dejaron exentos de sanción pese a las irregularidades cometidas.
Fue precisamente el desgaste mediático por el hecho de que la exgobernadora se quedara sin castigo por las irregularidades cometidas lo que Huizar Carranza identifica como el mayor problema de 2012.
Explica que si bien muchas personas ponderaron los argumentos de la contraloría sobre el caso, otras no terminan de entender por qué la corte prácticamente la exoneró sólo por la falta de una firma en la ley.
“Dicen que me ganó (Amalia García), pero nos ganó a todos los zacatecanos, no es un asunto mío, porque si mis procedimientos hubiesen sido calificados como erróneos entonces sí yo hubiera tenido la responsabilidad”, manifiesta.
Sin embargo, el contralor celebra que a más tardar el próximo sábado 22 de diciembre será publicada la nueva Ley de Responsabilidades, lo que permitirá establecer una nueva estadística de acciones y sanciones con respaldo jurídico.
¿Cómo revertir la imagen de impunidad que prevalece en el estado a raíz de un caso tan emblemático?
No es un asunto que se pueda atribuir a una falla personal, cualquiera se hubiera enfrentado al mismo problema.
Si alguno de los investigados hubiera demostrado que lo que yo dije, por lo que los acusé, eran mentiras, pues creo que entonces sí estaba asumiendo una responsabilidad personal, pero nadie acreditó su inocencia.
Fue un problema que rebasa totalmente al contralor en turno, al gobernador en turno, es un problema de carácter jurídico-estructural que se gestó hace 11 años.

¿Cree que hubo una sobreexposición mediática del caso de la exgobernadora?
No, no creo que haya habido ninguna sobreexposición mediática y si así fue, la generaron los investigados, no el investigador.
Fuimos muy cuidadosos de que cada irregularidad que dimos a conocer a la sociedad estuviera caracterizada por dos cosas: estar absolutamente comprobada y omitir el nombre del responsable.
Nosotros dimos a conocer irregularidades institucionales y ya cada quien se fue poniendo el saco, yo no tengo la culpa de eso.
Me hubiese gustado haber contado con un instrumento legal que me permitiera haber sancionado las irregularidades que estaban perfectamente documentadas y que la sociedad zacatecana hubiera sentido el alivio de saber que el que la hizo la pagó, pero no pude hacerlo.
Lo que queda perfectamente claro es que hubo actos de corrupción de la administración pasada que no pudieron castigarse por la falta de una ley eficaz.

¿Fue una derrota en lo personal y en lo institucional?
No, no lo veo así. En lo personal estoy convencido de que hice mi trabajo y lo hice bien. Cada uno de los procedimientos estaban solventados sólidamente con investigaciones documentadas, pero el instrumento sancionador no funcionó.

¿Qué lección le dejó todo este proceso?
Creo que todos los zacatecanos hemos adquirido una gran experiencia.
Nos hemos dado cuenta de que necesitamos estar permanentemente revisando nuestro marco normativo para que este sea eficaz y por eso en el gobierno de Miguel Alonso Reyes hemos iniciado una cruzada para la renovación total de nuestro marco normativo.
Había que renovar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya está; la Ley Orgánica de la Administración Pública ya está; la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya está.
Falta solamente la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública, que es un proceso en el que ya vamos muy avanzados.
El día que estos cinco ordenamientos jurídicos sean modernos, eficaces, eficientes y sólidos, el combate hacia la corrupción en Zacatecas dará un brinco muy importante.

Huizar Carranza explica que fue en estos antecedentes que se basó para advertir a los diputados sobre la impunidad que reina en el estado.
“Qué bueno que esa frase tan realista movió algunas conciencias en el ánimo de muchos actores políticos y rápidamente se aprobó la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, celebra.

Fortalecimiento de la prevención
El funcionario estatal agrega que además de promover la actualización de un nuevo marco normativo, la Contraloría Interna se ha centrado en reforzar la prevención y evitar los actos de corrupción.
Con esto, dice, se debe entender que el trabajo de la dependencia no es perseguir servidores públicos, sino vigilar el correcto ejercicio de sus funciones y el manejo adecuado de los recursos públicos.
Asegura que durante el año 2012 se dieron pasos muy importantes, pues de 3 mil 718 sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial el 99.8% cumplieron en tiempo y forma.
También, informa, se recibieron 582 bases de licitación, de las cuales 378 fueron para obra pública y 204 para adquisiciones.
De estas, 43 se declararon desiertas y en 63 casos se emitieron recomendaciones, los cuales se corrigieron al 100 por ciento.
Además, se realizaron mil 871 visitas de supervisión a un total de 661 obras realizadas por el gobierno estatal, informa.
Producto de estas supervisiones, se levantaron 74 actas de sitio por irregularidades como obra no ejecutada, retrasos de construcción y proyectos abandonados; a la fecha, refiere, 58 casos ya se solventaron y 16 están en proceso.
Respecto a las acciones correctivas, detalla que se han realizado 130 auditorías de las que 11 corresponden a dependencias, 16 a entidades y 31 a ayuntamientos.
En total, estas revisiones abarcaron 2 mil 725 millones de pesos, que representan el 16% del gasto total destinado al Poder Ejecutivo del estado.
Como resultado de las auditorías, precisa Huizar Carranza, se determinaron 569 observaciones de las cuales 112 ya fueron solventadas; 169 están en proceso de aclaración y 257 son resoluciones definitivas, por lo que habrán de iniciarse los procedimientos de responsabilidades.
Agrega que estas observaciones representan 162.2 millones de pesos equivalentes al 6% del total auditado.
Además, menciona que mediante el operativo Centinela fueron sancionados 180 funcionarios con multas hasta de 3 mil 500 pesos.
El contralor interno asume que aún falta consolidar el trabajo preventivo de la dependencia, así como avanzar en la evaluación del desempeño, pues Zacatecas ya está en condiciones de iniciar una administración basada en resultados.
“El tema de la modernización administrativa es algo donde hay mucho trabajo que realizar, pues tenemos que ser una administración pública eficiente, delgada, eficaz, que responda auténticamente a las necesidades de la sociedad”, agrega.

Rumbo a una "nueva" administración
“Sin sobresaltos se pondrá en marcha el 1 de enero la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública”, asegura el contralor.
Explica que hasta ahora los servidores públicos involucrados ya han recibido capacitación y que lo único que está pendiente es que el gobernador nombre a los titulares de las nuevas secretarías, lo cual sucederá a más tardar la próxima semana.
Comenta que la reestructuración no ha generado ningún gasto extra e insiste en que tampoco habrá despidos.
En cuanto a la modificación de los cerca de 100 reglamentos que impactará esta nueva ley, el contralor dice que se tiene un avance del 85%, aunque recuerda que oficialmente se tiene hasta marzo para concluirla.
Las secretarías que comenzarán a funcionar el 1 de enero son las de Desarrollo Social, de la Función Pública, de Infraestructura, del Agua y Medio Ambiente, de Administración, de Economía, del Campo y de la Mujer.

Con información de Selene Lamas

capital@imagenzac.com.mx




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