Sunday 22 de January de 2017

Injusticia penal: asunto de jueces o ¿asunto de leyes?

\"El problema que obstaculiza al “nuevo” sistema de enjuiciamiento penal, no radica en el juicio oral como tal, sino en la exigencia al ministerio público para presentar pruebas científicas que constituyan evidencia\"

     7 Jan 2011 21:17:34

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La puesta en libertad del asesino confeso de Rubí Frayre en Chihuahua, como resultado del “nuevo sistema de justicia penal” promovido por los Estados Unidos a través de la fundación “Pro-Derecho” y cuyo principal impulsor en nuestro país es el gobierno de Felipe Calderón, abre nuevamente el debate sobre la aplicabilidad práctica de los llamados juicios orales y la filosofía ultra-garantista en los códigos procesales que, como el de Zacatecas, la han integrado.

“El caso puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, afirma el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.
Seguramente, todos hemos visto a través de la televisión o en el cine, algún juicio oral, real o simulado. Invariablemente destaca una expresión que no es común en los tribunales de México: la evidencia. Palabra que no aparece en los diccionarios jurídicos, cuando menos, no en la mayoría de ellos, ni siquiera en el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Lo que sucede, es que en todo el país, excepto en entidades como Zacatecas, Chihuahua y Oaxaca que han adoptado el “nuevo” sistema procesal penal; para llevar a juicio a algún procesado, es suficiente la llamada: probable responsabilidad, cuyo efecto es de menos alcance y compromiso que la evidencia, que supone prácticamente pruebas “científicas muy sólidas” como dice De la Rosa.
En nuestra entidad, desde la implementación del “nuevo” sistema de enjuiciamiento y aplicable por ahora en el Distrito Judicial de la capital, no se han llevado a cabo juicios orales sobre asuntos de alto impacto social como homicidios, secuestros, extorsiones y robo con violencia entre otros, aunque sí, infinidad de conciliaciones en el área llamada de justicia restaurativa, sobre asuntos menores, lo que significa que existe un alto grado de impunidad en delitos graves ante la imposibilidad real por parte de los órganos de procuración de justicia para integrar y preparar debidamente las indagatorias.
El caso de Rubí Frayre en Chihuahua, ya se dio en Zacatecas, aunque no con la notoriedad de aquél, al presentarse en la procuraduría un individuo que confesó haber cometido un homicidio y que llevó a las autoridades ministeriales al lugar donde ocurrieron los hechos e inclusive donde se localizó el cadáver.
Sin embargo “por falta de pruebas suficientes” de acuerdo a las exigencias del nuevo código de procedimientos penales, se dejó en libertad a quien se declaró asesino confeso. Es el caso que conocemos ¿Cuántos más hay?
El problema que obstaculiza al “nuevo” sistema de enjuiciamiento penal, no radica en el juicio oral como tal, sino en la exigencia al ministerio público para presentar pruebas científicas que constituyan evidencia.
Los gobiernos federal y del estado, han invertido cantidades considerables en capacitación a los jueces, quienes han recibido inclusive cursos en el extranjero, en Chile por ejemplo.
Pero no existe en Zacatecas una policía ministerial auténticamente investigadora, ni se ha fortalecido a la dirección de servicios periciales de la procuraduría y mucho menos se ha homologado el salario de los agentes del ministerio público con el de los jueces y el servicio civil de carrera es inexistente.
Los Diputados de Chihuahua anuncian que llevarán a juicio político a los tres jueces que dejaron en libertad al asesino de Ruby Frayre, quien confesó a detalle la forma, modo y ocasión como cometió el homicidio, pero cuya confesión no sostuvo ante el tribunal de juicio oral, lo que motivó la sentencia absolutoria tan criticada.
Es probable que se sancione a los jueces, no por aplicar inexactamente la ley, sino por aplicarla exactamente, tal cual exige el código de procedimientos penales de Chihuahua, ¿pero quien enjuiciará a los legisladores que aprobaron un Código, que es casi de imposible aplicación para un sistema de investigación penal, en un medio de clara deficiencia en investigación policíaca? ¿La aptitud de los carabineros, policía chilena y la competencia del FBI, policía de investigación norteamericana, corresponden al nivel en estructura, medios y capacitación que al de la policía ministerial en México?
Los tres poderes de nuestro estado, tienen el imperativo urgente de analizar el nuevo Código de Procedimientos Penales y sus resultados prácticos hasta la fecha y reformar lo que tenga que reformarse o abrogarlo inclusive de estimarse necesario.
Postergar tan delicado asunto en materia de justicia, puede llevarnos a más casos de impunidad al estilo Chihuahua.

*Profesor universitario




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