Saturday 21 de January de 2017

Involucrados, 36 exfuncionarios en irregularidades por $181.4 millones

Están involucrados 36 exfuncionarios del gobierno de Amalia García

     29 Aug 2011 03:40:00

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Irregularidades en el manejo de recursos públicos por 181.4 millones de pesos en las que están involucrados 36 exfuncionarios del sexenio anterior y dos contratistas, consigna el proyecto de dictamen de la cuenta pública 2009 del Gobierno del Estado.
Las sanciones que contempla el documento son de dos tipos. Las resarcitorias que ascienden a 32 millones 156 mil 836 pesos. Tendrían que devolver esa suma 12 exfuncionarios y dos empresas privadas proveedoras.
Y el fincamiento de responsabilidades administrativas que la Auditoría Superior, por instrucciones de las comisiones unidas de Vigilancia y Hacienda, enderezaría en contra de 24 exfuncionarios del gobierno de Amalia García.
La cuenta pública 2009 al Ejecutivo se hizo en sólo seis dependencias. Aleatoriamente las eligió el auditor superior Jesús Limones.
Fueron: Secretaría de Finanzas (Sefin), Secretaría de Obras Públicas (Secop), Oficialía Mayor, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) y Consejo Promotor de la Vivienda Popular (Coprovi).

Devolverían recursos
En los pliegos resarcitorios por un total de 32 millones 156 mil 836 pesos del proyecto de dictamen de las comisiones unidas de la 60 Legislatura aparecen 12 exfuncionarios y dos contratistas.
En un primer paquete por 26 millones 936 mil 922 pesos, relativo a la revisión en la Sefin, aparecen: Mario Espinoza, Angélica Gómez, Javier López Villa y Claudia Villegas, quienes se desempeñaron como subsecretario de Egresos, directora de Egresos, coordinador administrativo y directora de Presupuesto de esa dependencia.
Asímismo, Norma Julieta del Río y Blanca Delgado, quienes fueran titular y coordinadora administrativa de la Contraloría del Estado.
Diputados de la 60 Legislatura descalificaron el proyecto de dictamen.
Y es que, dicen, la ASE “rasuró” el informe de resultados y en las comisiones de Vigilancia y Hacienda suprimieron parte de las conclusiones de la Auditoría.
Como prueba de que todo se hizo al vapor, destacan que Limones Hernández no tomó en cuenta muchos aspectos del pliego de solventación que le entregaron los auditados.
En tiempo y forma, la Contraloría, ya con Guillermo Huizar al frente, entregó la justificación de una partida de 14 millones de pesos que la Sefin hizo a la dependencia.
Limones desestimó las cajas de documentos que le envió la Contraloría y mantuvo en su informe complementario el requerimiento resarcitorio de 14 millones de pesos para la excontralora Del Río Vanegas.
El segundo paquete resarcitorio corresponde a la CEAPA. Asciende a 5 millones 219 mil 914 pesos.
Los exfuncionarios que estarían obligados a devolver esa suma, de aprobarse el proyecto de dictamen en el pleno de la 60 Legislatura, serían: Salatiel Martínez Arteaga, Agustín Esquivel, Miguel Escobedo, Alejandro Nungaray, Jorge Adrián Castillo y Eduardo Valenzuela, así como la Constructora Villasuso y Javier Acevedo, del grupo Grucozac.

Discrecionalidad
En el paquete resarcitorio de la Sefin las irregularidades que contempla el proyecto de dictamen de la cuenta pública 2009 del gobierno de Amalia García corresponden al arrendamiento de aeronaves no comprobado ni justificado por 760 mil pesos y gasto en pintura para bardas no comprobado por 3 millones 711 mil 733 pesos.
Además, pago de asesorías no acreditado por 7 millones 522 mil 396 pesos; contratos para promocionar la identidad de la Feria Nacional Zacatecas (Fenaza) que se hicieron indebidamente por 360 mil 352 pesos; y partida presupuestal a la Contraloría no acreditada por 14 millones 582 mil 441 pesos.

Responsabilidades administrativas
El proyecto de dictamen de la cuenta pública 2009 del Gobierno del Estado consigna irregularidades en el manejo de los recursos públicos por 149 millones 302 mil 785 pesos en seis dependencias.
Esas faltas, a juicio de la Auditoría Superior, validado por los diputados de las comisiones de Vigilancia y Hacienda, ameritan sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las sanciones serían desde la amonestación privada hasta la destitución -si sigue en el sector público, estatal o federal- y la inhabilitación hasta por 10 años para desempeñar cargos públicos.
En la Sefin se consignan inconsistencias por 8 millones 659 mil 470 pesos. Los exfuncionarios involucrados son: Mario Espinoza López y Angélica Gómez, subsecretario y directora de Egresos de esa dependencia, así como Juan Antonio Rangel y Carlos Quintanar, exsecretario y exdirector de Administración de la Sedagro.
Las irregularidades que se les atribuyen son: convenios de publicidad no acreditados por 4 millones 900 mil pesos; y entrega no comprobada de 55 remolques y 71 trituradoras.

Oficialía Mayor
En la revisión de la Oficialía Mayor las anomalías son por 140 millones 579 mil 752 pesos.
Corresponden a contratos no adjudicados por 96 millones 41 mil 731 pesos; compras no licitadas por 19 millones 91 mil 710 pesos; y adquisiciones sin contrato por 24 millones 614 mil 311 pesos.
Los exfuncionarios involucrados son: Eduardo Ruiz Fierro, Salvador Salado y Miguel Guzmán, exoficial, exsuboficial y exdirector de Adquisiciones de la Oficialía Mayor.
También, Julieta del Río, excontralora; Blanca Delgado, excoordinadora administrativa de la Contraloría; Flavio Campos, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura, (SEC); y Norma Socorro Macías, excoordinadora administrativa de la SEC.
Además, Juan Antonio Rangel, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) y Carlos Quintanar, subsecretario de esta misma dependencia.

Obras Públicas
En la Secop se consignan irregularidades en diversas obras, como en el estacionamiento de Plaza Bicentenario. Empero no se cuantifican los daños.
Los exfuncionarios sujetos a la Ley de Responsabilidades serían: Héctor Castanedo, José Luis Cabrera, Carlos Avelar, Sandra Valdez y Jorge Luis García Murillo, quienes fueron secretario, subsecretario, director de Programación de Obras, y supervisores.

CEAPA
En la Comisión Estatal de Agua Potable las irregularidades son por 63 mil 563 pesos. Corresponde a la diferencia entre el anticipo de 694 mil 55 pesos que debió devolver el contratista Carlos Mier y la suma que regresó.
Los funcionarios señalados son: Salatiel Martínez Arteaga y José Alfredo Hernández, titular y gerente de Planeación de la CEAPA.

SSZ y Coprovi
En los SSZ las irregularidades que halló la Auditoría se refieren a omisiones en el equipamiento y obras en hospitales y el Centro de Imagenología. Se fincan responsabilidades a Elsa Alicia Aguilar y Jaime Cortés Navia, extitular y exdirector de Planeación.
En el Coprovi las irregularidades son incumplimiento de convenios con municipios. Se fincan responsabilidades al extitular Rubén Vázquez Sosa y a su subdirector técnico, Juan Antonio Ramírez.

Anomalías en la UAZ; en la mira, ocho funcionarios..




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