Wednesday 18 de January de 2017

Justicia o venganza

     21 Mar 2012 04:00:00

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Este 21 de marzo podría hacer historia en el sistema judicial mexicano, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conceda o no la libertad a Florence Cassez, ciudadana francesa acusada por la Procuraduría General de la República de participar en una banda de secuestradores, capturada en 2006.
La decisión de la SCJN será de máxima trascendencia. Si optara por mantenerla en prisión para cumplir su condena, avalaría un proceso penal que desde el comienzo fue errático y de paso validaría actuaciones ilegales del aparato judicial e incluso del propio Presidente de la República, que apoyó -y aún sesgadamente lo hizo el lunes- a fuerzas policiacas federales que incurrieron en desatinos procesales.
Si la Corte decide anular el caso y conceder la libertad a Cassez, colocará a México ante la posibilidad de iniciar una reforma judicial que por la magnitud de su impacto tendría alcances impredecibles.
Si esto ocurriera, las policías no podrían ya presentar a sus detenidos como culpables de crímenes, cualesquiera que fueran, porque estarían bajo la presunción de inocencia, mientras no se demostrara fehacientemente su culpabilidad.
Tan trascendente disyuntiva la evidenció la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando el lunes pasado expuso un posicionamiento de ocho puntos a favor del proyecto del ministro Arturo Saldívar, en el que expone elementos para esperar que por fin los caminos de la justicia recuperen la legalidad perdida.
El ombudsman del Distrito Federal, que no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de las personas, rechaza la alteración indebida de escenarios donde se cometieron delitos porque ello contamina la validez del proceso y sostiene que es obligación de policías, defensores públicos, fiscales y juzgadores, en cada una de sus actuaciones, respetar los derechos humanos tanto de víctimas como de los procesados.
Como si fuera respuesta anticipada a lo que más tarde diría el presidente Felipe Calderón cuando inauguró una cárcel de “ultramáxima seguridad”, la CDHDF enunció: “No compartimos la visión de quienes piensan que el debido proceso es un conjunto de tecnicismos o formalidades que pueden dejarse del lado cuando se tiene la “certeza” de que alguien, por el tipo de delito que se le imputa, es de antemano culpable; esta visión favorece el autoritarismo, por encima del garantismo”. Agrega que “los derechos de las víctimas y los de las personas presuntas responsables no se oponen de ningún modo. Respetarlos a través de las reglas del debido proceso favorece la justicia, de lo contrario sólo se alimenta la venganza”.
Postuló la CDHDF estar a favor de una reforma de fondo en el sistema de justicia penal y esto es de máxima urgencia, para dar fin a la impunidad, muchas veces propiciada por la PGR, como en el vergonzoso caso de Florence Cassez.  

*Periodista
ricgomm@hotmail.com




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