Tuesday 17 de January de 2017

La Auditoría Superior de la Federación pide actualizar ley de deuda pública

     21 Feb 2013 12:58:48

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó ayer acerca de la carencia de normas que establezcan un límite al endeudamiento de entidades federativas y municipios, el cual se disparó de 2006 a 2011 de 205 mil 287.9 a 390 mil 777.5 millones de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 13.7% en términos reales.   En el informe de la Cuenta Pública 2011, entregado ayer a la Cámara de Diputados, se dan detalles de los préstamos de los gobiernos locales que son garantizados con ingresos federales.   Se precisa que en ese año el gobierno federal destinó 240 mil 537.6 millones de pesos para cubrir el costo financiero de dicha deuda, “equivalente a un 73.5% de los recursos que obtuvo por el endeudamiento neto de 327 mil 302.3 millones de pesos”.   Para la ASF esto significa que la mayor parte de los recursos que se obtienen de ese endeudamiento “se aplican al pago de los intereses y no para la amortización de capital, cuando deberían destinarse a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos y del desarrollo económico y social del país”.   Se aclara que con excepción del estado de Tlaxcala (que según el reporte no presentaba endeudamiento a ese año), el resto de las entidades federativas carece de marcos jurídicos que regulen la gestión de créditos.   Puntualiza que en el periodo reseñado destacan las deudas de Coahuila con un aumento de 144.2%, Zacatecas con 76.6%, Chiapas con 74.4%, Tamaulipas con 70.5% y Nayarit con 58.8%.   Por entidad federativa, los montos más elevados de deuda se observaron en Coahuila con 46 mil 768.7 millones de pesos, Quintana Roo con 27 mil 306.7 millones de pesos, Veracruz con 17 mil 985.6 millones de pesos, Michoacán con 15 mil 248 millones de pesos y Nuevo León con 13 mil 280.5 millones de pesos.   Los montos de endeudamientos de esos cinco estados sumaron 120 mil 589.5 millones de pesos, equivalentes a 59.9% del total registrado, mientras para las entidades federativas restantes fue de 80 mil 867.3 millones de pesos.   Frente a ese panorama, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados emprender un análisis, a través de la Comisión de Hacienda, sobre “la posibilidad de reformar la Ley General de Deuda Pública para que sea acorde con la situación actual de las finanzas públicas nacionales e internacionales”.   La ASF considera que dicha adecuación del marco legal debe tomar en cuenta los pasivos del IPAB y los Proyectos de Infraestructura Diferidos (Pidiregas) de la CFE, para ser integrados y cuantificados como deuda.   Recomienda además establecer “órganos colegiados que revisen y autoricen los financiamientos, y mecanismos para transparentar el destino específico de los recursos que se obtienen de empréstitos sobre el crédito de la nación”.   Propone además que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro “analice la posibilidad de realizar estudios técnicos y normativos para establecer límites de endeudamiento a las entidades federativas y los municipios”.   La ASF se pronuncia porque la Secretaría de Hacienda establezca mecanismos que le permitan destinar una mayor proporción de recursos de la deuda para pagos de capital u otros fines de endeudamiento.   Esto es, la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión, obras contratadas durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República o para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal.   Otra de las recomendaciones de la Auditoría a Hacienda es que instruya que el Cómite de Crédito Externo se reúna “a efecto de que analice la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos financiados con recursos del crédito externo del gobierno federal, así como los niveles de desembolso”.   Se concluye en este apartado que la Ley General de Deuda Pública, expedida en 1976,  ha experimentado cuatro reformas, en ningún caso sustantivas, “por lo que se considera que esta ley ya no es acorde con la situación actual de las finanzas públicas nacionales e internacionales”.   Reporte a 2012   El lunes pasado, Hacienda divulgó un informe actualizado acerca de la deuda pública de los estados y los municipios.   Así, informó que al cierre de 2012 ese endeudamiento era de 434 mil 761.2 millones de pesos.   Esto representó un incremento de 11.3 por ciento respecto de 2011.   Dicha deuda, puntualizó Hacienda, pasó de 2.8 a 2.9 del Producto Interno Bruto.   De acuerdo con esa dependencia federal, el monto de la deuda pública estatal y municipal no es un riesgo para el país.   Detectan que diputados fallan en rendir cuentas   Aun cuando en términos generales la Cámara de Diputados cumplió con las disposiciones normativas aplicables, la ASF reportó en la Cuenta Pública de 2011 irregularidades en servicios de limpieza subcontratados, tanto por la documentación “presumiblemente apócrifa” que presentó la empresa como por las condiciones en que laboran sus empleados.   El apartado correspondiente también señala insuficiencia en la comprobación de diversos gastos asignados a legisladores, sus grupos parlamentarios e instancias directivas.   Paradójicamente, el problema del outsourcing o subcontratación que a finales de diciembre buscó regular esta Cámara, en la reforma laboral, persiste en su recinto.   En el reporte se detalla que la empresa Kasper, Limpieza y Mantenimiento SA de CV presentó documentación “presumiblemente apócrifa” para demostrar que contaba con el conocimiento, experiencia y capacidad para realizar los servicios, dentro de un proceso de licitación durante 2011.   La ASF sugirió a los diputados realizar acciones a fin de que esa empresa sea sancionada.   Destaca el informe que en San Lázaro, durante 2011 se dieron “erogaciones que no contribuyen a la racionalización del gasto público federal”.   Señala la existencia de vehículos oficiales en desuso de los que no se han concretado las acciones para su baja o destino final.   Según la ASF, en la Cámara de Diputados “subsiste la limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos” en partidas como las correspondientes a las asignaciones a los grupos parlamentarios.   Por ejemplo, se identificó el rembolso de un gasto de banquetes y comidas realizado por un grupo parlamentario por 46 mil pesos y un rembolso por el pago de alimentos del mes de marzo de 2011 a otro grupo por 866 mil pesos, “en los que no se indican las justificaciones por las cuales se llevaron a cabo las reuniones de trabajo para las que se requirieron los servicios de alimentación”.   Recomendó que esta Cámara realice “las acciones necesarias con el fin de concluir el proceso de depuración de sus cuentas contables y presupuestales y, en su caso, realice el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación”.                            


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