Monday 23 de January de 2017

La disputa por la educación

     30 Jan 2012 04:00:00

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En la columna de la semana anterior mencionábamos que en la actual coyuntura del país está en juego el diseño del sistema educativo nacional. Se trata, por ende, de una disputa técnica y pedagógica; administrativa y educativa; política y social, incluso ideológica.

Dentro del marco global de análisis de la obra “La disputa por la educación” (Editorial Aguilar, 2011, coordinado por quien suscribe este espacio y Enrique Agüera Ibañez), se apunta que el origen de la crisis estructural del sistema educativo público se remonta, tal vez, a los años 80's del siglo pasado, con la quiebra de las finanzas públicas. Hecho que no sólo impidió al Estado pagar su deuda externa, sino que registró una inflación con niveles superiores a 100% y el estancamiento del crecimiento económico prácticamente por una década. Se dio paso a una reestructuración del modelo económico del país y a un nuevo papel del Estado mexicano como actor del desarrollo, la asumir sus responsabilidades sociales.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo se han modificado todos los componentes del Estado nacional: en su funcionamiento, integración, eficacia y en objetivos políticos, económicos y sociales. En el tránsito del país hacia la apertura comercial (la desregulación de la economía nacional, de iniciativas privatizadoras, descentralización administrativa, reconversión laboral y de una política gubernamental de restricción del gasto social), la educación dejó de ser una prioridad.
En 1994 se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC), México “se integró” a un bloque comercial conformado por Estados Unidos y Canadá, sin que en el círculo de toma de decisiones se considerara adaptar el sistema educativo a las nuevas realidades del país.
Cuando muchos países en vías de desarrollo en el sureste asiático, América Latina, Europa central y del este, empezaron a invertir con una visión de largo plazo para la educación pública a finales del siglo 20, México inició un proceso de repliegue y descapitalización del sistema educativo público. Esas naciones hoy enfrentan los retos del siglo 21 acompañados de un modelo educativo sensible a los cambios tecnológicos, a los sistemas de información y al acceso al conocimiento.
La obligación del Estado para invertir en educación debería estar fuera de toda controversia. Los montos del financiamiento para educación pública, ciencia y tecnología generan indistintamente una discusión pública. Los resultados que se registran en cuanto al déficit de cobertura en educación media y educación superior muestran que la atención a requerimientos, metas y objetivos trazados por el Gobierno Federal en la última década no fueron alcanzados y, por ende, es necesario redoblar esfuerzos para afrontar los resto y desafíos que implican una creciente demanda los jóvenes en esos niveles educativos.
Todo proyecto nacional debe estar sustentado en un plan de obra educativa que identifique los bienes y servicios que requiere la educación, y esto implica tomar en cuenta el impacto que tendrán, por ejemplo, frente al crecimiento poblacional en edad escolar. Por un lado, se debe ser claro en relación con la calidad y cobertura a la que se aspire; la probable extensión de los grados escolares obligatorios; el aumento de la matrícula en la educación media y superior, o bien, la ubicación de las TIC que revistan mayores beneficios para la práctica docente.
Por otro lado, es de espera que la crisis en el financiamiento de la educación encuentre opciones y éstas indudablemente conlleven a la negociación política. El Legislativo ha reconocido y tiene identificadas las deficiencias y los problemas que aquejan al sector educativo: se requieren  de mayores recursos para el mejoramiento de la infraestructura, la actualización de la remuneración de los docentes, así como un mayor financiamiento a los programas de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros. Desde que se activó la crisis económica global, en 2007, diversas  instancias como la Organización de la Naciones Unidas (ONU) han apoyado la idea de que los Estados miembro no limiten el gasto educativo en aras de equilibrar sus finanzas públicas.
De ahí la necesidad de hacer planteamientos y generar iniciativas que dotan a la educación de mayores recursos, aunque es de suma importancia que el Poder Legislativo redefina el marco conceptual del financiamiento a la educación. En esta etapa, será imprescindible que las entidades federativas se sumen a la construcción de una política educativa de Estado.
Este es, bajo una mirada muy amplia, de interés general para la nación, el panorama dónde se ubican en mayor -o menor grado- parte de los componentes que hoy en día son el hilo conductor de la discusión pública, o mejor dicho: la disputa por la educación. Es, también, lo que se encuentra en juego con el cambio de gobierno en 2012.

*Presidente de la Fundación SNTE




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