Monday 23 de January de 2017

La iniciativa presidencial anticorrupción

     23 Aug 2011 04:00:00

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El 5 de marzo del presente año, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa en la cual propone la creación de una ley federal anticorrupción en materia de contrataciones públicas.  
Por contrataciones públicas algunos organismos internacionales las definen como el proceso formal mediante el cual los órganos gubernamentales obtienen bienes y servicios, incluyendo servicios de construcción u obras públicas. Abarca todas las funciones que corresponden a la adquisición de cualquier bien, servicio, o construcción, incluyendo la descripción de los requisitos, selección y solicitud de oferentes, la evaluación de las ofertas, preparación y adjudicación del contrato, así como la disputa y resolución de impugnaciones y todas las fases de administración del contrato.
El aspecto medular de la iniciativa presidencial se encuentra en crear mecanismos legales adecuados para combatir la corrupción, así como en cumplir compromisos internacionales en esta materia contraídos por el gobierno mexicano. De la práctica de conductas ilícitas que tiene lugar en el interior de las áreas gubernamentales, derivan consecuencias que quebrantan el ejercicio formal de las instituciones públicas.
La mala imagen de los aparatos gubernamentales se crea debido a los actos de corrupción en los que se ven envueltos los servidores  públicos, pero el asunto es que no sólo ellos sino también los particulares con quienes sostienen toda clase de contrataciones o compras. En este caso, el problema radica en que la legislación de esta materia no cuenta con medias efectivas que sancionen a los particulares.
En este sentido, el objeto de la propuesta presidencial consiste en fijar responsabilidad y sanciones a las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que cometan conductas irregulares en contrataciones públicas de tipo federal. En igual medida, la iniciativa confiere la necesidad de establecer mecanismos que protejan el desarrollo de transacciones comerciales internacionales, para tal efecto propone que a las personas físicas y morales de corte nacional que manifiesten conductas de tipo irregular sean sancionadas en estricto apego a la ley.
En este contexto, los sujetos considerados son las personas físicas o morales tanto nacionales como extranjeras, así como aquellas figuras que entren en calidad de interesados, accionistas y las mismas transacciones comerciales internacionales.
Los alcances de la iniciativa son amplios pues pondera como autoridades competentes para la aplicación de la ley al conjunto de órganos públicos y autónomos existentes dentro del estado mexicano; es decir, las consideradas dentro de la Administración Pública Federal, la PGR, las tres ramas del poder estatal, los organismos autónomos en materia electoral, de derechos humanos y monetario, así como los tribunales agrario, del trabajo y de justicia fiscal en materia administrativa.
El 29 de marzo el Senado aprobó el dictamen que envió de inmediato a la Cámara de Diputados. Se espera que ésta última la apruebe en el período de sesiones que está por iniciar. En las circunstancias actuales, una ley de esta naturaleza le vendría bien a este país ¿no cree usted?

*Politólogo




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