Monday 23 de January de 2017

La judicialización del proceso electoral 2012

     6 Jun 2012 04:00:00

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Existen algunas opiniones en relación a que las elecciones están “judicializadas”;  en esta reflexión se señala que son las y los jueces quienes tienen la última palabra en los procesos electorales mediante los cuales la ciudadanía decide quién debe ejercer un cargo de elección popular. Y que, por tanto, las elecciones se pueden perder en la “mesa” y no en la competencia. Efectivamente, en nuestro sistema jurídico es el Poder Judicial la instancia que “dice” el derecho, quien tiene la última palabra respecto de una controversia que se ha puesto a su consideración.  
Estimo conveniente recordar que las autoridades que organizan las elecciones como el IFE o el IEEZ  son órganos administrativos y que sus decisiones pueden ser sometidas al análisis de las autoridades jurisdiccionales, y que son las decisiones del Poder Judicial la última palabra en las elecciones. Basta recordar el caso de la elección de Morelia, Michoacán, en la que una decisión jurisdiccional anuló la elección.
En este sentido, vale la pena recordar que la organización electoral vigente en México es fruto de un proceso evolutivo que inicia en 1946 y en el que podemos advertir como fundamentales los siguientes momentos, en relación al IFE: 1) Antes de dicho año, las elecciones eran organizadas por los gobiernos municipales y estatales en sus respectivos ámbitos de competencia.  2) En 1946 nació la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en la que tenía una presencia predominante el estado, con la participación de la representación de los partidos políticos. 3) En 1951 la Ley Electoral transformó esa instancia en la Comisión Federal Electoral y además de la representación de los partidos políticos se sumaron los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 4) la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 estableció que en la Comisión Federal Electoral concurrirían el secretario de Gobernación, dos representantes del Poder Legislativo y un representante de cada partido, con un secretario propuesto por el Colegio de Notarios. 5) En 1987 el Código Federal Electoral determinó que la Comisión sería un organismo autónomo de carácter permanente. 6) En la reforma constitucional de 1994 se crea el Instituto Federal Electoral como organismo autónomo encargado de la función de Estado de organizar las elecciones.  
A la par del diseño respecto del Instituto Federal Electoral, corrió la evolución respecto de la impartición de justicia en materia electoral.
Nuestro Estado de Derecho tiene, como una de sus razones fundacionales, la de crear la atmósfera de seguridad dentro de la cual toda persona tenga los medios necesarios para hacer respetar sus derechos; por lo tanto, reviste particular importancia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; que los tribunales estarán expedidos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley, su servicio será gratuito.
El antecedente, en materia de justicia electoral, lo advertimos en 1977 al configurarse el recurso de reclamación que los partidos políticos podían interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se hubieran calificado las elecciones de las cámaras del Congreso de la Unión. Pues en aquel momento quien calificaba las elecciones eran las propias Cámaras recién elegidas.  Más tarde, en 1987 se derogaron las bases de dicho recurso y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como un organismo autónomo del Poder Judicial y al que se le confirió un carácter administrativo; con posterioridad, en 1990 se configuró el Tribunal Federal Electoral con el carácter de organismo jurisdiccional autónomo, y finalmente mediante la reforma constitucional de 1993 se le confirió a dicho tribunal el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
A partir de 1977, en gran medida como reclamo de los partidos políticos de oposición, desapareció el sistema de autocalificación y la consecuente derogación de los colegios electorales de las cámaras, y en su lugar se configuró un sistema de calificación jurisdiccional, lo que consolidó al Tribunal Federal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
Con este propósito, el poder revisor aprobó una reforma a la constitución misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre de 1993, y a resultados de la cual se reformaron los artículos 41 y 60 constitucionales, que si bien conservan la estructura  orgánica del Tribunal ideada en 1990, le introducen los cambios orgánicos y competenciales que se consideraron necesarios para que sus resoluciones puedan tener, en todos los casos, el carácter de definitivas e inatacables. 

*Doctora en Derecho y consejera
presidenta del IEEZ
soto@itesm.es




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