Thursday 23 de March de 2017

La Segob rechaza motivos de investigación contra Felipe Calderón

     25 Nov 2011 20:49:52

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente.

La dependencia expuso que las autoridades mexicanas están convencidas de que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México.

Ello debido a que la política de seguridad aplicada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos.

Activistas mexicanos de derechos humanos quieren que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Felipe Calderón, altos funcionarios y al narcotraficante más buscado del país, Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar civiles.

Netzai Sandoval, un abogado mexicano de derechos humanos, presentó este viernes una querella ante la Corte (CPI) en La Haya solicitando una investigación por la muerte de cientos de civiles a manos de los militares y de narcotraficantes en México, donde más de 45 mil personas han fallecido en actos de violencia vinculados a las drogas desde el 2006.

"La violencia en México es mayor que la violencia en Afganistán, la violencia en México es mayor que en Colombia", dijo Sandoval.

En un comunicado de seis puntos, la Segob puntualizó que para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en México.

"Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido", aseveró.

Expuso que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las entidades federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

El Gobierno Federal abundó que las fuerzas castrenses llevan a cabo una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales y en el desmantelamiento de sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.

La Segob dejó claro que en México, como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos.

Prueba de ello, resaltó, son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso de implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes modificaciones constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos.

Esta última establece el deber de todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a las garantías individuales.

Destacó que el Estado mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales en la materia.

En seguimiento a esta política, abundó, se mantiene una relaciónes estrecha cooperación y diálogo con la Corte Penal Internacional.

En este sentido, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa ante el Senado, a fin de generar una Ley de Cooperación con dicho tribunal internacional, la cual se encuentra en dictamen en la Cámara baja.

El Estado mexicano, a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva o violatoria de derechos humanos.

Al respecto, explicó que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales.

"En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole", resaltó.

Con información de Ntx.




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