Monday 23 de January de 2017

¿Las de hasta abajo?

Tren Parlamentario

     13 Mar 2013 03:20:00

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¿Podría haber, en la escala infame de la discriminación en México, alguien más vilipendiado, zaherido, humillado, que la mujer rural? Difícilmente, si se considera la argumentación que ayer utilizaron tirios y troyanos durante la discusión y aprobación de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforma que dedicada estuvo a ese sector de la población que suma ya a 13.4 millones de personas del sexo femenino, contra 12.9 millones del masculino.
“La iniciativa”, argumentó la diputada federal del PRI, María del Rocío García Olmedo, en nombre de la comisión dictaminadora, la de Equidad y Género, “tiene como objeto atender el problema de violencia de género que se presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro país y que, por supuesto, tiene como premisa la vulnerabilidad de la mujer rural, ya que en gran cantidad son indígenas, pobres y además, son las jefas de sus familias”.
Era, este tema, de indiscutible connotación social. Y del robustecimiento de la justicia. “Las desigualdades socioeconómicas y territoriales que padecen un sector importante de mujeres y hombres en nuestra sociedad”, decía a su vez Dora Talamante, de Nueva Alianza, “acentúan de manera drástica la discriminación, tal es el caso de las niñas y mujeres indígenas y rurales, que ven vulnerados sus derechos humanos debido a la diversidad de condiciones, entre ellos los patrones culturales”.
En la reforma que discutían, y que, aprobada, se fue al Senado, para su refrendo, se ha planteado, como mandato jurídico, que una vez convertida en ley por las dos Cámaras, se mandate en favor de la mujer rural -decía Talamante- “el acceso a recursos y a la propiedad, tengan el reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales, a la capacitación y garantizar su participación en los niveles de decisión, a la promoción de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, la promoción del programa que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares entre las mujeres y los varones”.
Específicamente, añadía Talamante, “la reforma establece la correspondencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria, así como fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico”.
Ruth Zavaleta Salgado, del PVEM, terció: “se está pidiendo que aumente una serie de facultades para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenga que rendir cuentas al sector que está revisando la perspectiva de género, para poder impulsar una política de no violencia contra las mujeres; pero sobre todo de prevención hacia la violencia”.
Lorena Valles, del PRD: “estamos rompiendo el silencio de las mujeres campesinas e indígenas, a quienes la sociedad y el estado les han impuesto el mayor de los silencios para no hacer visible su explotación y la falta de respeto a sus derechos más básicos”.
Valles apostilló: “el papel de la mujer campesina es ayudar a la siembra, atender la casa y a los hijos, pero jamás atender sus derechos porque existe alguien más fuerte que ellas, es decir, la cultura que muchas veces se impone en el campo. Hay que destacar que la discriminación hacia la mujer indígena sigue vigente en el país, pues cerca de 6 millones de mujeres padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menos oportunidades para acceder a la salud. Incluso se asegura que el 57.5% de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6% no perciben ingresos”.
María Urciel Castañeda, del PAN: “la mujer rural contribuye en gran medida a la producción alimentaria nacional; sin embargo, existen limitaciones de tipo legal, de usos y costumbres que la han excluido de participar y tomar decisiones en torno al otorgamiento de recursos y financiamiento agrícola”.
Y por el PRI, Ossiel Niaves López afirmó: “hace algunos días celebramos con orgullo el Día Internacional de la Mujer, y bajo ese contexto qué mejor que este Pleno eleve los preceptos de equidad y justicia para las mujeres en la ley”.
Y apostillaba: “es justo y necesario que se fortifiquen los derechos de la mujer rural, se promueva su participación en la sociedad, se combata la discriminación que subsiste en los ejidos y comunidades agrarias”.
Pero de entre los posicionamientos, barbotó de pronto la denuncia. “Para las mujeres rurales no ha habido ningún avance, en virtud de que hasta este momento siguen siendo violentados sus derechos humanos”, dijo en la tribuna Aída Fabiola Valencia Ramírez, diputada oaxaqueña de Convergencia. Y agregó: “tal y como yo fui objeto de la peor violencia de género, a pesar de que ha habido pronunciamientos de los derechos humanos de la mujer”.
Entonces dijo que el domingo reciente, en San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, el presidente municipal Flavio Pérez Pérez ordenó a sus “guardias blancas” agredirla al grado de cortar cartucho apuntando a su persona, “por tocar fuertes intereses del presidente municipal”.  
El Pleno, incluido la presidencia de la mesa directiva, condenó la agresión y avisó que se irán sobre el edil y buscarán al gobernador para que intervenga.




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