Monday 16 de January de 2017

Legalidad vs justicia

     25 Jan 2013 03:30:00

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Sin duda alguna la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Cassez sienta un precedente en nuestro país, para la mayoría negativo al dejar en libertad a una mujer que formó parte de una banda de secuestradores que extorsionó, lesionó e incluso privó de la vida a varias de sus víctimas, y a una minoría, algo positivo, al considerar que dicha resolución fortalece al sistema de justicia.
El sentimiento generalizado es de indignación y reproche hacia los ministros, se han alzado las voces de quienes fueron víctimas de esta banda de secuestradores reclamando la impunidad en que quedan los delitos que fueron  cometidos en su contra.
Para ellos, obviamente, no hay presunción de inocencia, seguros están de la culpabilidad de la ciudadana francesa. En ese escenario es comprensible su sentimiento al observar que, a pesar de sus testimonios, quedó libre por tecnicismos ignorados y por la irresponsable actuación de las autoridades.
Quienes afirman que la decisión de los ministros fortalece al sistema de justicia en México parten del hecho de que, con la resolución, se hizo valer la legalidad ante la grave violación de los derechos humanos de la ciudadana y que quedaron plenamente demostrados.
En este caso impero la legalidad sobre la justicia, máxime si la propia ministra Olga Sánchez Cordero manifestó que el fallo mediante el cual se resolvió la inmediata liberación de Cassez no significó que ésta fuera inocente, enfatizando que la actuación del máximo tribunal fue revisar el proceso al que fue sometida en su detención.
La decisión de concederle el amparo liso y llano a Florence Cassez no fue por unanimidad, pero en lo que sí coincidieron los cinco ministros fue en la grave violación a los derechos humanos de la ciudadana francesa.
El reproche entonces, más que a los ministros de la Suprema Corte, debe dirigirse hacia las autoridades que cometieron graves violaciones a los derechos de Florence Cassez durante su detención y en las primeras horas de la indagatoria iniciada en su contra.
Las irregularidades generaron, como lo señala el propio ministro Arturo Zaldívar, un efecto corruptor de toda la evidencia y de todas las pruebas presentadas en contra de la ciudadana extranjera, es claro entonces quien violentó el principio del debido proceso y, en consecuencia, quien debe asumir la responsabilidad de la sentencia absolutoria.
En este caso hay responsables y están identificados, así como las violaciones cometidas, si se pretende que este caso no trascienda como un asunto de absoluta impunidad, debe actuarse en consecuencia, la sociedad no puede confiar en autoridades que liberan a culpables y condenan a inocentes.
Si la liberación de Cassez se da atendiendo a los principios de justicia, es inminente entonces que se lleve el caso hasta sus últimas consecuencias, que se responsabilice y sancione  a quienes instrumentaron un desaseado proceso que desde 2005 y hasta el día de hoy pone en tela de juicio, la eficacia y honestidad de nuestras autoridades.

*Docente-Investigadora de la UAZ
angelicavelez@live.com




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